En juego el derecho al aborto en América Latina

El caso de una joven salvadoreña a la que impidieron abortar pese a que el feto que gestaba tenía graves malformaciones incompatibles con la vida e incluso ponía en riesgo la suya propia, ha abierto el debate sobre este derecho en El Salvador. La chica se llamaba Beatriz, tenía 22 años y sufría lupus, nefropatía lúpica y artritis reumatoide.

En 2013, embarazada y alertada de que su hija no tenía esperanzas de sobrevivir por una malformación, se le negó el aborto. Los médicos que recomendaban interrumpir el embarazo decidieron no hacerlo para evitar ir a la cárcel. Fue obligada a continuar con su embarazo hasta que a las 26 semanas de gestación le hicieron una cesárea de urgencia gracias a las medidas cautelares que obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su hija sólo sobrevivió cinco horas, y ella estuvo cuatro días en cuidados intensivos.

Beatriz murió en 2017 tras un accidente de moto y una posterior neumonía. Su caso ha sido representativo de la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y el resto de América Latina.

El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo respecto al aborto y persigue y penaliza a todas aquellas mujeres que interrumpan el embarazo. Desde el año 1998 se prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluso en los casos de violación de menores de 18 años o si hay riesgo para la vida o salud de la madre o el bebé. La pena asciende a hasta ocho años de prisión, pero puede elevarse a entre 30 y 50 años por un delito de homicidio agravado si se trata de un parto extra hospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semana, incluso si se trata de un aborto accidental.

El país ha llegado al extremo de condenar a prisión a decenas de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas. Uno de esos casos, que le valió una condena de la Corte Interamericana por criminalización arbitraria en 2021, fue el de Manuela, quien en 2008 acudió a un hospital público tras un aborto espontáneo. Allí fue detenida y la trasladaron directamente a prisión tras ser denunciada por el personal médico que la atendió. Fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio y en 2010 falleció bajo detención por un cáncer.

Ahora, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Beatriz puede sentar un precedente histórico, no solo para El Salvador, sino para otros países de América Latina, como Honduras, Nicaragua, Haití, Jamaica, Surinam y República Dominicana, donde el aborto también está prohibido en todos los supuestos, incluido el terapéutico.

En esa sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha participado Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Allí, dice, “se puso en evidencia que a Beatriz se le violaron el derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la privacidad, a la vida familiar...” Además, subraya que no se trata de un caso único, sino que hay “realidades injustas” como la suya en otras sociedades que “necesitan medidas de no repetición”.

Herrera recuerda que esta férrea restricción ha dado lugar a casos de mujeres que han sido perseguidas, condenadas y encarceladas pese a que el bebé que gestaban no murió. Sin embargo, se les acusó de intentar matar a su bebé por haber sufrido emergencias obstétricas.

Entre los médicos, hay quienes denuncian a las mujeres, pero la mayoría, cree la activista, tienen miedo. “El mismo doctor Ortiz, que era el médico tratante de Beatriz, decía en la audiencia que es frustrante, porque sabemos que tenemos la capacidad técnica para atender y salvar a nuestras pacientes y no lo podemos hacer. Y no lo pueden hacer porque las leyes les amenazan”. Herrera celebra que cada vez más el personal sanitario acude a las organizaciones humanitarias como la suya para pedir ayuda y defender a las mujeres en riesgo de ser procesadas.