Sumar acota su propuesta de amnistía: de todas las acciones "de intencionalidad política" a las "ejecutadas por ciudadanos" reivindicativas de la autodeterminación
La Cadena SER accede al dictamen de 34 páginas que el partido de Yolanda Díaz presentará esta tarde en Barcelona. El texto no incluye el articulado que se publicó en algunos medios el pasado viernes y en el que se hablaba de "amnistiar todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña. La versión definitiva habla de incluir en la medida las acciones "cometidas por ciudadanos" reivindicativas de la autodeterminación
La vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el acto político que Sumar ha celebrado en Cádiz. / Román Ríos (EFE)
Madrid
Sumar presentará esta tarde en Barcelona el dictamen que el partido de Yolanda Díaz quiere que sirva como base para la redacción de una futura Ley de Amnistía, que permita a Junts per Cataluña apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y por tanto, la reedición del gobierno de coalición. El texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, consta de 34 páginas y está firmado por cinco expertos penalistas entre los que se encuentran catedráticos de distintas universidades de España como la de Baleares, Valencia, Castilla La Mancha, Jaén o la Autónoma de Barcelona. El documento se divide en tres partes en las que se explica el "respaldo constitucional" de esa medida, "las razones" políticas para su aprobación y por último, el "ámbito de aplicación". No aparece en el escrito, titulado "Dictamen sobre una propuesta de Ley de amnistía", el articulado de dos puntos que el pasado viernes se publicó a través de los medios de comunicación.
De hecho, el texto definitivo, presenta algunos cambios respecto a ese primer borrador. En el documento avanzado por El Periódico se planteaba que la ley dejará sin consecuencias penales "todas acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación desde el año 2013 hasta la entrada en vigor". Ahora, no se hace referencia a esa frase. El partido acota ahora su propuesta a sólo aquellas acciones "ejecutadas por ciudadanos" que hayan tenido "por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña". El documento sí que cita los tipos de delitos que se pueden incluir en esa redacción final, como son los delitos contra la Administración Pública, contra la Constitución, el orden público, lesiones, amenazas, revelación de secretos o infracciones de determinados artículos de la Ley de seguridad ciudadana.
Los expertos de Sumar presentan la amnistía como un paso más en la profundización de una "política despenalizadora" tras la concesión de los indultos a los dirigentes del procés y la reforma del Código Penal para los delitos de malversación y sedición. "Se trata, en efecto, de una segunda fase que tiene como rasgo fundamental la desconfianza hacia la utilización exclusiva del Derecho penal como instrumento para la solución de dicho conflicto y en el que las posibles actuaciones lesivas de derechos fundamentales que han tenido lugar en los últimos años se enmarcan en un contexto de tergiversación del orden público".
En el documento se mencionan expresamente las personas que podrían verse beneficiadas por esa Ley de amnistía. Además de los 50 cargos de la Generalitat que se vieron implicados en distintos procesos, los denominados CDR acusados de delitos contra el orden público, manifestantes de las protestas convocadas tras la publicación de la sentencia del año 2019 y que se saldaron, dice el texto, con 700 personas imputadas, también 700 alcaldes investigados por apoyar el referéndum ilegal, 54 personas con procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas o 600 Ayuntamientos salpicados por su relación con la asociación Municipios por la Independencia. También se cita a los Policías y Guardias Civiles que participaron en las cargas destinadas a impedir la votación, excepto los que llevaron a cabo acciones calificadas de tortura. Sí se incluiría a los agentes cuyas actuaciones acabaron provocando lesiones graves en algunos manifestantes.
El encaje constitucional de la amnistía
Los expertos justifican la amnistía como una medida "constitucional" y con "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico" de nuestro país. El texto se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y menciona 18 sentencias del Constitucional sobre las leyes de Amnistía de 1976 y 1977 y en las que no se mostraba crítica alguna a esa figura. Pero además, los cinco penalistas que sellan el documento, se anticipan a posibles recursos asegurando que la medida no quebrará el principio de igualdad o proporcionalidad porque no puede "existir un tratamiento diferenciado entre quienes participaron en los hechos". Literalmente, la propuesta aboga porque una amnistía "sea extensiva a todos los sujetos que los materializaron", cualquiera que fuera la posición adoptada en el conflicto, al que se pretende poner punto y final a través de una norma de este tipo.
En uno de los puntos del documento, los catedráticos utilizan la amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 para defender la legalidad de esta medida política que se pretende aprobar ahora para poner punto y final al conflicto político en Cataluña. Recuerdan que la norma con la que se pretendía regularizar la situación tributaria de ciertos defraudadores fue declarada inconstitucional por la vía legislativa utilizada para su aprobación, el Real Decreto, pero no se emitió "ningún reproche" a que, utilizando el mecanismo adecuado, se acordara una amnistía.
El marco temporal: desde 2013 hasta la constitución de las Cortes
En este dictamen se establece un marco temporal para esa amnistía que iría desde el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de agosto de 2023, día de la constitución de las Cortes Generales, fecha en la que los expertos encargados de redactar el documento defienden que se abre una nueva fase para que el Estado renuncie al uso exclusivo de la vía penal como forma de solucionar el conflicto político en Cataluña. El documento habla de que tras la concesión de los indultos o la reforma del Código Penal relativa a los delitos de malversación y sedición, se profundiza en la política "despenalizadora" y se confía en la utilización de herramientas políticas para la resolución del conflicto político catalán.
