El juez del Supremo acordó que el registro al despacho del Fiscal General se pudiera realizar sin su abogado

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la investigación abierta al Fiscal General del Estado y a la Fiscal Jefe de Madrid por haber desmentido el bulo del entorno de Isabel Díaz Ayuso sobre la investigación abierta a su pareja por un presunto delito de fraude fiscal. El instructor toma esta decisión para que las partes puedan impugnar el recurso de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el auto que ordenó la entrada y registro en los despachos del jefe del Ministerio Público y de la máxima responsable de la Fiscalía en la ciudad de Madrid. De haberlo hecho la semana pasada, los investigados hubieran podido conocer el contenido de esa resolución antes de recurrirla. En ese auto de entrada y registro a ambos despachos, Hurtado señala que la diligencia no será necesaria realizarla en presencia de sus abogados porque "está garantizada la fe pública judicial" con la presencia del Letrado de la Administración de Justicia y en este caso prima la "urgencia para evitar la ocultación de pruebas".

En el caso del despacho de la Fiscal Jefe de Madrid sí que pudo acudir su abogado porque ya lo tiene designado. Sin embargo, en el caso de Álvaro García Ortiz los agentes de la UCO esperaron a que llegara el letrado de guardia de la Abogacía General del Estado porque no fue hasta unos minutos antes cuando el instructor del Tribunal Supremo le había indicado que tenía que designar abogado y procurador. Hurtado llegó a escribir en el auto de entrada y registro que "se esperará a la llegada del letrado siempre y cuando el tiempo de espera no perjudique la diligencia de entrada y registro, se asegure la efectividad y esté asegurado policialmente el lugar".

Ángel Luis Hurtado también consideró que era "incontestable" que el registro era una medida "proporcionada" para poder incautarse de los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y documentación de los despachos del jefe del Ministerio Público y de la máxima responsable en la ciudad de Madrid porque se investiga "un delito grave con penas de prisión que en su máxima expresión alcanzan al menos los tres años de prisión". Además, era una medida "idónea" porque la mayoría de las comunicaciones que se investigan "se realizaron a través del teléfono móvil o del correo electrónico, ya que la aplicación de Whatsapp parece ser una vía de comunicación del Fiscal General del Estado para comunicarse". Y en unas horas en las que los implicados no estaban en sus despachos porque "se produjeron entre las 22:00 y las 23:51 horas" del 13 de marzo.

Acota la diligencia

Después de que la Guardia Civil practicara un registro de más de diez horas en la sede de la Fiscalía General del Estado y se llevara todo el material que consideró necesario, el juez ha acotado el análisis pericial de las comunicaciones intervenidas a las fechas comprendidas entre el 8 y el 14 de marzo. En esas fechas se produjeron tres momentos sobre los que el alto tribunal pone la lupa. El primero, que la Fiscal Jefe de Madrid reclamó al fiscal asignado a la investigación abierta a Alberto González Amador que le diera cuenta de la causa.

El segundo, que eldiario.es publicó la existencia de esa investigación y el tercero que la Cadena SER desmintió ese bulo lanzado por el entorno de la Puerta del Sol de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso. Todo ocurrió al revés. Alberto González Amador había reconocido los hechos y había pedido un acuerdo al Ministerio Público.

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