Vivienda y financiación centrarán una Conferencia a la que los presidentes llegan sin expectativas de alcanzar grandes acuerdos
Gobierno y comunidades autónomas confían en consensuar al menos el desbloqueo de la ley del Suelo y abordar el aumento de fondos para la rehabilitación de viviendas. Las Comunidades del PP ponen como prioridad el rechazo a la financiación singular para Cataluña, que defenderá el propio Salvador Illa como un mecanismo “solidario” frente a la “deslealtad fiscal” de otros territorios
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al Palacio de la Magdalena de Santander para la XXVII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes. / JavierEtxezarreta (EFE)
Santander
Más de dos años después de que la Isla de la Palma acogiese la última Conferencia de Presidentes en marzo de 2022, Santander será el lugar en el que, a lo largo de este viernes, el Gobierno -con Pedro Sánchez a la cabeza y acompañado de varios ministros- abordará con todos los dirigentes autonómicos diferentes temas que han marcado la agenda política y social de los últimos meses: desde la problema del acceso a la vivienda, pasando por la financiación autonómica, la inmigración o la situación laboral del personal sanitario.
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Sin embargo, las expectativas de acuerdo son relativamente bajas. Ni las Comunidades presididas por el PP, que coparán buena parte de este foro debido a su fuerte presencia territorial, ni el Gobierno, esperan alcanzar en esta cita grandes acuerdos. Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo reconocen que no hay mucho margen para ello: ni les gusta el formato, ni consideran que vaya a ser útil en el actual contexto político. Desde La Moncloa tampoco confían en lograr consensos importantes a la vista del “clima de nulo entendimiento con el principal partido de la oposición".
El Gobierno llega con la intención de que el tema central de la Conferencia sea la vivienda, ese será el primer punto del orden del día. El acceso de los jóvenes a un hogar por los altos precios han convertido en un problema de Estado para el Ejecutivo. Pero es en las soluciones es donde chocan frontalmente el Gobierno y las comunidades del PP. Desde el Ejecutivo exigen cumplir con la Ley de Vivienda que permitiría topar los precios del alquiler, pero siendo esta una competencia autonómica, los dirigentes del PP la rechazan. De hecho en las últimas horas, líderes autonómicos como Moreno Bonilla o Azcón han asegurado que pedirán su derogación en esta cita asegurando que la norma provoca una reducción de la oferta.
Palacio de la Magdalena de Santander.
Palacio de la Magdalena de Santander.
Aún así, las fuentes del Gobierno consultadas aseguran que la intención es apartar las diferencias para facilitar el acuerdo en los puntos donde sí hay una visión común, como por ejemplo la necesidad de reformar la Ley del Suelo para agilizar los planes urbanísticos y facilitar la construcción, una demanda que vienen haciendo Ayuntamientos y Comunidades de todo el país, gobernados por el PSOE o por el PP. De lograrlo, sería un acuerdo importante en la práctica pero de poco valor político porque ambas formaciones ya habían logrado hace meses un acuerdo sobre este asunto en el seno de la FEMP, pero Génova decidió no apoyar su aprobación en el Congreso para provocar una derrota parlamentaria del Gobierno y trasladar la imagen de división con sus socios parlamentarios y de coalición que se oponen al cambio legal.
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Más allá de la vivienda, la financiación autonómica será el gran caballo de batalla de esta cumbre y la prioridad de los presidentes del PP, que obligaron al Ejecutivo a incluir este asunto en el orden del día. La reforma singular pactada entre el PSOE y ERC para Cataluña, provocó el rechazo de otras Comunidades que llevan años esperando una actualización del régimen común y que llegan a la Conferencia dispuestas a mostrar su oposición. En frente, además de al Gobierno, tendrán al presidente de la Generalitat. Este será el primer encuentro de alto nivel que Salvador Illa tenga con sus homólogos autonómicos. Desde su entorno aseguran que acudirá a la reunión con "ánimo constructivo" y defendiendo que "Cataluña respeta un sistema solidario". El resto de dirigentes territoriales, buena parte de ellos del PP, ven una discriminación en este acuerdo y reclaman un reparto más equitativo. También se mostrará crítico con este asunto el dirigente castellanomanchego, Emiliano García Page, que, aunque socialista, también ha liderado el rechazo al sistema de financiación.
La inmigración y la acogida de menores no acompañados será también uno de los temas que estarán presentes en las conversaciones en el Palacio de la Magdalena. No solo abordarán el problema de la saturación de los centros de menores y su reparto por las Comunidades, también la negociación que el Gobierno tiene abierta con Junts para la cesión de competencias en materia migratoria, un asunto capital para los de Puigdemont y una exigencia de los postconvergentes para dar su apoyo a los presupuestos. El PP se opone a la modificación de la Ley de Extranjería y plantea sus propias condiciones en materia migratoria.
Por último, los medios sanitarios y la precariedad de los profesionales del sector será el cuarto asunto que estará en la agenda de esta Conferencia de Presidentes. Los planes puestos en marcha por parte del Ministerio de Sanidad para mejorar la atención médica no han mejorado significativamente la falta de personal sanitario o el incremento de las listas de espera. Es una competencia autonómica por lo que los dirigentes territoriales plantearán al Gobierno abordar esta problemática pidiendo más herramientas a la ministra Mónica García.
Más allá de la agenda oficial de este encuentro, el foco también estará puesto en el presidente valenciano, Carlos Mazón. Será la primera vez que salga de la Comunidad Valenciana tras la tragedia de la DANA y su cuestionable gestión durante aquellos días. También se reencontrará con Pedro Sánchez, tras los incidentes de Paiporta del 3 de noviembre, y con el resto de sus homólogos del PP. Mazón irá a esta Conferencia con una petición: un plan nacional contra inundaciones.
