Poco más del 1% de las denuncias presentadas en las agencias de protección de datos europeas acaban en multa

La entrada en vigor hace ya siete años del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos no ha supuesto que las denuncias presentadas por ciudadanos de los 27 países se resuelvan ni rápido ni de modo satisfactorio para ellos. Según una investigación del Centro Europeo de Derechos Digitales (Noyb), una organización sin ánimo de lucro que monitoriza las incidencias relacionadas con los datos personales en la Unión Europea, en este momento apenas el 1,3% de las denuncias por daños a la privacidad termina en una multa. «Falta voluntad política», concluye Mickey Manakas, portavoz de Noyb, en declaraciones a la SER. Manakas explica que no sólo no se resuelven denuncias que impliquen a grandes plataformas o casos especialmente complejos, sino que «la mayoría de denuncias son de casos más triviales como los de empresas que no te dan acceso a tus datos personales o páginas web con banners con cookies ilegales. Se pueden resolver muy rápidamente, pero tampoco sucede». Prácticamente ningún país alcanza un mínimo aceptable después de analizar las estadísticas oficiales del propio Comité Europeo de Protección de Datos. Eslovaquia es quien lidera las estadísticas comunitarias, con un 6,84% de las denuncias que derivan en una multa. En el caso de España ese porcentaje se queda en el 1,97%. En Países Bajos, Francia o Polonia no se llega ni al 0,2% de los casos. En España, la Agencia de Protección de Datos tiene 3 meses para decidir si admite o no una reclamación y un plazo máximo de 6 meses en el caso de que dicha denuncia tenga que ver con el ejercicio no atendido de un derecho. El procedimiento sancionador debe resolverse como máximo en un año si procede y si es un simple apercibimiento debe solucionarse en la mitad de tiempo. No sólo la falta de protección sigue siendo evidente, sino que Noyb ha detectado también que la cuantía de las multas cuando se imponen es apenas dañina para las empresas. Aunque ha habido casos como una multa a Meta de 1.200 millones de euros por incumplir la política europea de datos personales en Facebook, Manakas explica que «en la mayoría casos las multas son de un par de miles de euros, lo que para las grandes empresas no implica que vayan a dejar de incumplir la ley en el futuro». Manakas apunta además a la responsabilidad de Irlanda, donde tienen sus sedes en Europa empresas como Google, Meta, Apple o Microsoft. «Las autoridades de protección de datos de Irlanda son las que manejan los casos más importantes en Europa, pero hemos comprobado que suelen preferir estar del lado de las grandes empresas y no de los denunciantes». En el caso de España, entre 2018 y 2023 se pusieron de media algo más de 13.000 denuncias, de las que sólo 266 terminaron en multas por una cuantía media de 62 euros. En países como la República Checa, Lituania o Rumanía la cuantía media por multa se sitúa por debajo de los 10 euros. Esta situación coincide con un momento político en el que los países europeos están apostando por el incremento del gasto en Seguridad y Defensa, lo que además hace más peligrosa esta desprotección. Manakas recuerda que sin un mecanismo punitivo efectivo «básicamente no tenemos control de dónde están nuestros datos, quién tiene acceso a ellos y qué hacen con esa información». Lejos quedan las palabras que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dedicó a la protección de los datos personales durante su intervención en el Foro de Davos de 2020. Entonces, Von der Leyen dijo que «uno de los pilares del futuro de Europa» es la protección de los datos personales, ya que «el individuo es ante todo un ciudadano con derechos y que debe tener el control sobre su vida, también se deben proteger esos derechos en el entorno digital». De hecho, presentó la regulación europea como «un ejemplo para el mundo» que, apenas cinco años después, está lejos de ese objetivo.

Poco más del 1% de las denuncias presentadas en las agencias de protección de datos europeas acaban en multa

El análisis de las estadísticas del Comité Europeo de Protección de Datos muestra que las agencias nacionales tardan años en resolver denuncias que por ley deberían solucionar en cuestión de meses

Antonio Martín

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