El Supremo abre una causa penal al eurodiputado Alvise Pérez por sus mensajes sobre la fiscal de delitos de odio de Valencia
Se le investiga por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales
El eurodiputado Alvise Pérez / Europa Press News
Madrid
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. Se ha designado instructor por el turno establecido al magistrado Juan Ramón Berdugo.
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El tribunal basa su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por la fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram y que habían favorecido que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
La Sala acuerda abrir una investigación al eurodiputado al considerar que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como 'stalking', pues su "llamada" a que cerca de sus 40.000 seguidores "expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante" tuvo influencia en los hechos posteriores.
"Muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente"
La Fiscalía considera que "el hecho de que el denunciado insistiera" en su actitud "después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia" la hacía "consciente de que 'ahora las perseguidas son ellas'".
Todo ello, añade el Ministerio Público, "muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto".
