Interior ordena no multar a quienes se droguen dentro de vehículos aparcados

La secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha remitido una instrucción a las fuerzas de seguridad en la que les aclara que no pueden sancionar el consumo o tenencia de drogas en el interior de un vehículo particular cuando esté aparcado y siempre que el estupefaciente no esté destinado a la venta, pues se trata de "un espacio privado".

La instrucción, adelantada por La Razón y la que ha tenido acceso la Cadena SER y EFE, ha sido remitida este martes a la Policía Nacional y Guardia Civil para que adopten ese nuevo criterio. El Ministerio del Interior alega que esta nueva instrucción surge como “aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del Tribunal Constitucional”, según detallan fuentes de Interior, que no han querido comentar ningún detalle adicional.

Las sentencias en las que se inspira la instrucción destacan que los vehículos son objetos "con estrecha relación con la privacidad de sus titulares" y que, aunque en ellos no se desarrollen propiamente actividades de la vida íntima similares a las realizadas en un domicilio, sí que están protegidos con "una expectativa razonable de intimidad", un criterio que consideró el Tribunal Constitucional para determinar que un vehículo particular es un espacio protegido.

Por todo esto y porque la ley de Seguridad Ciudadana no contempla esta conducta, la instrucción de Interior concluye que el consumo o tenencia de drogas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, "no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas" descritas en la ley de seguridad Ciudadana.

Cuestión distinta, continúa, es que se trate de vehículos en tránsito, en cuyo caso podría tratarse de una conducta castigada en el Código Penal.

Sin multas por consumo en los coches aparcados

La medida adoptada pretende regular la actuación en estos casos, pues, según recuerda la instrucción, la ley de Seguridad Ciudadana de 2015, actualmente en trámite de reforma en el Congreso, tipifica en su artículo 36.16 como infracción grave -multas de entre 600 a 300.000 euros- "el consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos".

Como este precepto "deja al prudente criterio" de los agentes apreciar si la tenencia o consumo de drogas en un vehículo particular estacionado "es o no constitutivo de una infracción grave", Interior incluye en esta instrucción 7/2025 varias sentencias del Tribunal Supremo que dictan que, sin poder considerar como domicilio un vehículo privado, sí es "un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad".

Sindicatos policiales exigen retirar la orden

La instrucción del Ministerio del Interior ha levantado un enérgico rechazo entre la gran mayoría de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil como SUP, Jupol, CEP, AUGC, Jucil, que advierten de que esta norma generará problemas de convivencia vecinal, incrementará el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas y la sensación de impunidad, además de minar la confianza en los agentes y debilitar la credibilidad del sistema.

Las diferentes organizaciones han remitido varios comunicados en los que rechazan de forma contundente esta medida.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide la inmediata retirada de la instrucción y la rectificación urgente por parte del Ministerio del Interior por la "irresponsabilidad" de su contenido. "Esta medida, a todas luces inconcebible, neutraliza por completo la labor preventiva de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al dejar sin herramientas legales a los agentes para intervenir ante una situación que, en la práctica, puede derivar en tragedias en carretera", señala el comunicado.

A su juicio, la orden supone un retroceso gravísimo en la lucha contra las drogas y contra los delitos asociados al tráfico y consumo de estupefacientes.

De forma similar expresa su rechazo Jupol, que atribuye esta actuación a la "preocupante tendencia impulsada por el Gobierno", para relajar la ley de Seguridad Ciudadana.

Consideran además que, aunque un vehículo esté detenido, su ubicación en la vía pública lo convierte en un entorno visible y potencialmente influenciable, especialmente para colectivos jóvenes o vulnerables, por lo que esta permisividad, alertan, incrementará el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas, ya que no existe garantía de que el conductor no se pondrá en marcha tras haber consumido.

En el caso de AUGC entienden que esta esta instrucción “convierte a los vehículos particulares estacionados en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito. Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común. Esta decisión beneficia claramente a quienes viven al margen de la ley, resta eficacia al trabajo policial y transmite a la ciudadanía una imagen de permisividad intolerable”.

En la misma línea se ha expresado el Confederación Española de Policía (CEP) que entiende que esta nueva orden “convierte a los vehículos particulares estacionados en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito. Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común”.

Por último, Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, considera que esta instrucción “se aleja del principio de prevención y protección que debe regir la actuación policial” y se interpreta como un llamamiento al consumo de sustancias estupefacientes en espacios donde debería garantizarse la seguridad ciudadana.