Un mecanismo Internacional de rendición de cuentas por los crímenes a las mujeres afganas

La esperanza de vida de las niñas en Afganistán ha bajado considerablemente en los últimos tres años y medio que llevan bajo el yugo de los talibanes. “Hay muchas personas que han tenido que huir. Los servicios sanitarios se han visto afectados en Kabul, y las niñas están expuestas a diferentes formas de violencia doméstica y problemas de salud mental”, explica Samira Hamidi, responsable de las campañas sobre Afganistán de Amnistía Internacional.

Las mujeres afganas suman 20 millones, son la mitad de la población, pero eso no ha impedido que se vean sometidas por diez mil militantes. Sus libertades y logros han desaparecido con el retorno al poder de los talibanes. “Durante 20 años, las mujeres y las niñas podían acceder a la educación superior, participaban en la sociedad civil, estaban en los medios de comunicación”, recuerda Hamidi, pero eso se ha transformado en “una discriminación sistemática” a la que la activista se refiere como una “persecución por cuestión de género” que constituye un crimen en el marco del derecho internacional. Entonces, había 1.400.000 niñas que estudiaban la educación secundaria, y este año, según UNICEF, hay 2.200.000 niñas sin acceso a la educación. Las mujeres han quedado relegadas a escasos papeles en la sociedad como los cuidados y “la violencia doméstica va en aumento”, advierte.

También están aumentando los matrimonios forzosos que, en algunos casos, han llegado a provocar el suicidio de las mujeres. “No hay protección, no hay servicios disponibles para las mujeres”, denuncia Hamidi. Esas estructuras de apoyo a las mujeres han sido eliminadas. “Los talibanes mienten mucho. Dicen que han reducido el nivel de violencia contra la mujer en el marco de la ley Sharia, pero están destrozando todos los aspectos de la vida civil de la mujer”, insiste.

Ante estos abusos, algunos países como Alemania, Australia, Canadá o Países Bajos han acudido ya a la Corte Penal Internacional para que se persiga al gobierno de los talibanes. En su visita a España, Hamidi ha comprobado que el Gobierno “ha mantenido una postura de principios sobre la situación de la mujer en Afganistán” y que “ha tomado nota” de la iniciativa de estos cuatros países ante la CPI y “reconocen la necesidad de hacer más”. La activista subraya que la comunidad de defensoras de derechos Humanos en Afganistán pide un mecanismo Internacional de rendición de cuentas para “preservar las evidencias de crímenes de guerra y contra la humanidad”, que permita a las víctimas obtener justicia a largo plazo.

Retroceso global de los derechos humanos

El informe anual de Amnistía Internacional advierte de una deriva hacia “prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo” por lo que llama el “efecto Trump”, cien días después de su regreso a la presidencia de Estados Unidos. “No se avecina una época de cambios, sino un cambio de época”, reza el texto. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, añade que nuestra generación tiene la tarea de “evitar que el mundo se desmorone”. Entendido ese mundo como el legado de democracia y derechos humanos del sistema creado tras la Segunda Guerra Mundial. La llegada de Trump al poder, insiste, ha acelerado las prácticas autoritarias y “una represión feroz de la disidencia”. Esto, dice Beltrán, intenta demoler el orden internacional.

Entre otros conflictos, este año Amnistía Internacional ha documentado “el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, y el sistema israelí de apartheid y ocupación ilícita de Cisjordania”. Beltrán destaca que, en el caso de Gaza, “hay un consenso entre los organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos de que hay un intento deliberado por parte del gobierno de Israel de acabar físicamente con el pueblo palestino”. Sin embargo, la mayoría de los Gobiernos se resisten a indicar que hay un genocidio en marcha. “Lo peor es la indiferencia general de la comunidad internacional”, lamenta, y reclama que la Unión Europea arbitre un paquete de sanciones como ha hecho con Rusia.

Otros escenarios en el planeta sufren conflictos latentes en los que la violencia sexual a mujeres y niñas constituye la principal violación de derechos humanos escondida. La organización ha puesto el foco en lugares como Myanmar, Congo, Somalia, Yemen y Sudán. En este último, han documentado la violencia sexual que se practica de manera generalizada y que implica “desde la esclavitud de las mujeres a violaciones en grupo y presencia de sus familiares durante las violaciones”. En la República Democrática del Congo, el número de denuncias de violencia sexual se duplicó respecto al año 2023.

El impacto directo que tienen los conflictos en la gente se observa también en la educación. En Sudán hay 17 millones de niños y niñas sin escolarizar y en África Occidental y Central, 14.000 escuelas están cerradas a causa de conflictos, lo que afecta a casi 3 millones de menores.

En Libia “la tortura es sistemática”, añade el director de Amnistía. En los centros de detención son habituales las palizas, descargas eléctricas y la violencia sexual hasta el punto de que la ONG ha documentado casos de personas muertas bajo custodia diciendo que el detenido se había ahorcado. “Lo grave de aparte del sufrimiento de la población libia, es que la Unión Europea utiliza este país para retener a miles de migrantes y que no lleguen a Europa”, asegura Esteban Beltrán.

Sin embargo, se vislumbran algunos avances positivos desde que el año pasado 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU acordaran sentar las bases para el primer tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Beltrán subraya que “por primera vez en la historia, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental es ilegal”, y celebra que “hay una sociedad civil muy movilizada en la calle”.