Hungría veta por primera vez una marcha LGTBI+ con su ley contra la 'promoción' de la homosexualidad
Esta nueva norma prohíbe las reuniones que promuevan el cambio de sexo o la homosexualidad

-FOTODELDÍA- Personas se manifiestan durante una marcha convocada por colectivos LGTBI+ / JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)

La policía húngara ha prohibido este lunes una manifestación contra la homofobia y la transfobia prevista para el 1 de junio, invocando la controvertida ley que prohíbe las marchas LGTB+ bajo el argumento de proteger a los menores, según denunciaron cinco ONG del país centroeuropeo.
Esta es la primera vez que la policía hace uso de la polémica ley aprobada en marzo, que prohíbe las reuniones que promuevan el cambio de sexo o la homosexualidad, así como la participación en ellas, y que ha sido criticada por la Unión Europea como un ataque al derecho de las minorías.
"Al prohibir el evento, el Estado restringe de forma arbitraria y discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales: el derecho de la reunión pacífica y la libertad de expresión", afirma el documento firmado por el Comité Helsinki, Amnistía Internacional, Fundación Misión Arco Iris (que organiza la marcha de Orgullo), Sociedad Háttér y Sociedad para las Libertades Civiles.
Las organizaciones subrayan que el anuncio de la marcha recalcaba su carácter pacífico y su objetivo de defender los derechos de la comunidad LGTBI+, y que, pese a ello, las autoridades decidieron prohibirla.
Desde la aprobación de la normativa, ONG y otras organizaciones de Hungría y del extranjero han denunciado que con esta ley se podrá prohibir la marcha de Orgullo, que se prevé para el 28 de junio, como acto final del mes del ‘Budapest Pride’.
No obstante, el comunicado de hoy de las ONG adelanta que siguen planeando celebrar la marcha de Orgullo y que quieren que sea "más grande, y debe ser más grande que nunca".
La prohibición de estos actos se produce en un momento en que el Parlamento húngaro, con mayoría absoluta del partido de Orbán, discute medidas que pueden restringir aún más la actividad de ONG y organizaciones civiles, e incluso permitir su cierre.




