Justicia descontará de la nómina las jornadas de huelga a los jueces y fiscales que participen
El Ministerio pide al órgano de gobierno de los jueces y a la Fiscalía que se posicionen: si no reconocen la huelga, las cantidades se detraerán por ausencia injustificada al puesto de trabajo
Parón nacional en los juzgados convocado por asociaciones conservadoras de fiscales y jueces en la puerta del Tribunal Supremo de Madrid. / Isabel Vega
Madrid
La Dirección General para el Servicio Público de Justicia, dependiente del ministerio que lidera Félix Bolaños, ha remitido dos oficios a la Inspección de la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los que solicitan un posicionamiento frente a la huelga de jueces y fiscales convocada para la semana que viene a fin de poder descontar de la nómina las jornadas de paro a los que participen, ya sea porque se reconozca esa medida de fuerza, ya sea porque se considere una ausencia injustificada al puesto de trabajo.
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Esa huelga esta fijada para los tres primeros días de julio y la convocan todas las asociaciones menos las dos progresistas contra las reformas que proyecta el Ministerio de Justicia sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y sobre la regulación de la propia Fiscalía.
Se trata del cuarto paro general de jueces y el tercero de fiscales de esta etapa democrática y como en ocasiones anteriores, ha suscitado un debate sobre el derecho a la huelga de quienes son miembros de un poder del Estado porque no existe estatuto ni regulación normativa en su caso.
De ahí que en ambas misivas Justicia recuerde las posiciones mantenidas con anterioridad y trate de forzar un posicionamiento sobre la huelga convocada ahora. En el caso del CGPJ, lo que expone el oficio, adelantado por El País y al que tuvo acceso la SER, es que en 2009 el Pleno determinó que no procedía "tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni tampoco fijar servicios mínimos dado que el ejercicio de ese derecho carecía de soporte normativo.
Derecho a la huelga de los jueces
"Desde entonces, no se ha aprobado ninguna norma que reconozca el derecho a la huelga a los jueces y, hasta donde ha podido tener conocimiento este Centro Directivo, el CGPJ no ha adoptado ningún acuerdo ulterior que revoque o matice el criterio expresado", dice Justicia.
Por eso, solicita que "a la mayor brevedad posible" respondan si el CGPJ determina "la existencia del derecho a la huelga de los convocantes" porque en ese caso, Justicia tendrá que "efectuar la detracción de los haberes correspondientes a los días" en que jueces y magistrados participen en la medida de fuerza.
Avisa de que si su posición es la misma que en 2009 y no va a reconocer como anunciada esa huelga, el CGPJ "deberá adoptar las medidas que correspondan con el fin de detraer igualmente los haberes correspondientes a esas personas", pero esta vez, con la óptica de la "responsabilidad en que podría incurrir el CGPJ o este Centro Directivo por el pago del salario con dinero público a quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada".
Por huelga o por ausencia no justificada
Con la Fiscalía el planteamiento es similar aunque la fecha de referencia es noviembre de 2018. En aquel momento, el órgano constitucional resolvió que por falta de regulación concreta, no era el competente para fijar servicios mínimos durante el paro, cosa que aún así hizo para no alterar el funcionamiento de los servicios.
Justicia lo que solicita es que la Fiscalía se posicione, de modo que "si determina la existencia a huelga de los convocantes" se detraigan las jornadas de paro de las nóminas de los fiscales que asistan como a cualquier trabajador y si lo que concluye es que no procede tener por anunciada la medida de fuerza, se les quite igualmente ese dinero a quien deje de prestar servicio "sin una causa justificada".
Como al CGPJ, Justicia pide que en cualquiera de los casos, facilite el listado diario de las personas que participen en la huelga, así como de los servicios mínimos -si reconoce el paro- que resuelva prestar.
Fue de hecho iniciativa del Ministerio de Justicia detraer aquel año la jornada de huelga de las nóminas de jueces y fiscales, lo que los convocantes consideraron una victoria porque era un reconocimiento tácito de un derecho que efectivamente, no está regulado en estos casos y que se enarbola porque está blindado por la Constitución y así, es de todos los trabajadores. Un defecto de forma llevó a la nulidad de aquella resolución, pero la decisión política quedaba ya como precedente.
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