La UE tratará la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego el 18 de julio

Los países de la Unión Europea volverán a abordar la petición de España para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales prevista para el próximo 18 de julio. El Gobierno de España ha pedido a Dinamarca, que desde ayer ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta el 31 de diciembre, incluir en la agenda la oficialidad de las lenguas y Copenhague ha decidido volver a abordar la cuestión, que los 27 trataron por última vez en mayo.

España cuenta con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal, pero la decisión para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE debe adoptarse por unanimidad. El resto mantienen las dudas políticas, económicas y legales sobre la propuesta, que según los servicios jurídicos del Consejo de la UE requeriría cambiar los tratados para poderla aplicar.

En concreto, alegan que España no ha presentado un documento con los costes que conllevaría traducir al catalán, el euskera y el gallego las normativas comunitarias, ni cuánto habría que pagar a los intérpretes de las instituciones europeas. El Gobierno sí ha planteado, no obstante, que asumirá todo el coste y que la medida empezaría a aplicarse en 2027, empezando primero por los reglamentos desde 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

La Comisión Europea estimó que podría ascender a 132 millones de euros, según un informe que publicó en 2023 basado en la experiencia del gaélico. Aunque la UE concretó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, qué herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas.

Los países que todavía no han dado el consentimiento temen también que se cree un precedente para otras lenguas minoritarias como el sami (en Suecia) o el ruso en países del este. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado en distintas ocasiones que no se crearía tal precedente porque la propuesta de España supone un "traje a medida" para el catalán, el euskera y el gallego y ha defendido que la Constitución española reconoce la cooficialidad de las lenguas.

España asegura que también ha presentado un documento resolviendo las dudas y tras la última reunión en mayo, Albares dijo que "si alguien, de verdad, quiere una opinión jurídica, que lo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".