La Intervención General del Estado afea a Red.es que valorara las cartas de recomendación en las adjudicaciones a las empresas del compañero de cátedra de Begoña Gómez

La Intervención General del Estado ha informado a la Fiscalía Europea que ve irregularidades en los contratos adjudicados al compañero de cátedra de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, desde Red.es con fondos europeos. Entre ellas, que la adjudicación no se llevó a cabo por un comité de expertos compuesto por miembros distintos de los que habían hecho las propuestas, con lo que "se vulnera la ley de contratos del sector público". A esto hay que sumar que la oferta económica no tenía el suficiente peso frente a los criterios subjetivos y también que se tuvieron en cuenta aspectos que no estaban incluidos en los pliegos. Por ejemplo, el curriculo de los profesores asociados al proyecto o las cartas de recomendación y los acuerdos de colaboracion que el grupo Barrabés tenía con gigantes empresariales. Decenas de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o personas físicas como la mujer del Presidente del Gobierno endosaron cartas a este empresario para recomendar sus proyectos ante la Administración Pública, pero la IGAE dice que valorar este material fue "arbitrario" y produjo una "adulteración" del procedimiento.

Los peritos de Hacienda descartan el conflicto de intereses en las adjudicaciones y tampoco ven indicios de falsedad documental en la tramitación de las puntuaciones, pero reprochan que se produjeran exclusiones de un buen puñado de empresas que quisieron presentarse y deslizan que esto puede suponer la nulidad de todo el expediente. Lo más llamativo, según los peritos, es que la oferta económica jugaba un papel residual y eso, dice, "no contribuye a conseguir que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas. Por el contrario, les desincentiva a hacerlo, ya que son conocedores de la escasa relevancia de la puntuación económica".

Las adjudicaciones a las empresas de Juan Carlos Barrabés fue una de las líneas de investigación que abrió el juez, Juan Carlos Peinado, después de admitir a trámite la querella del pseudosindicato Manos Limpias. Sin embargo, al haberse financiado con fondos Next Generation el caso pasó a la Fiscalía Europea. Este informe se ha remitido también al instructor que lo ha incorporado a la causa.