¿Quién es quién en las tramas de corrupción? Guía para no perderse en los últimos entramados políticos

José Luis Ábalos, Leire Díez, Plus Ultra, Servinabar, Víctor de Aldama... No es fácil seguir al detalle las distintas tramas que actualmente envuelven a la política. Con todo este lío de tantos entramados, tantos nombres y tantos personajes, Adriana Mourelos ha hecho un esquema para identificar qué está pasando en el último programa de Si Amanece nos vamos.

La de los hidrocarburos

Para entrar de lleno en la materia, empezamos por la trama de los hidrocarburos. Los nombres son muchos y provienen no solo del ámbito político, sino también del de los negocios. El primer nombre es el del empresario Víctor de Aldama que, junto al otro empresario Claudio Rivas, están vinculados a la sociedad Villafuel S.L.

Y aquí entra en juego el primer personaje político implicado: José Luis Ábalos. Juntos iban a pedirle favores al entonces Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, quien les concedía "a dedo" licencia a esta compañía para meterse en el mercado de los hidrocarburos. Supuestamente, el que fue número 3 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les permitía adquirir combustible evadiendo el pago del IVA —para luego venderlo con el impuesto incluido—, a cambio del cobro de un millón de euros.

Con esto entre manos, llega el cese de Ábalos del Ministerio en 2021, que según ha registrado la UCO en su informe a raíz de las conversaciones intervenidas, se produce por una riña en el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez. "Se ha liado en el Consejo de Ministros [...] se ha enfrentado el putero al guapo [...] Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo". "Por lo visto, la mitad del partido está con el putero. Y la otra mitad, con el guapo", según quedó textualmente recogida en el informe esta conversación entre Víctor de Aldama y Leonor González, una de las personas que dirige la empresa Have Got Time, otra de las implicadas en la trama.

El caso Koldo

Este es uno de los complots que más titulares ha acaparado en los medios nacionales. Esta semana, la UCO detenía a tres personas como parte de una investigación que está siendo dirigida por la Audiencia Nacional sobre una trama de corrupción de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

El primer detenido fue Santos Cerdán, una de las personas de confianza de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE hasta su dimisión el pasado junio. El navarro dejó su cargo cuando salieron a la luz grabaciones que supuestamente le otorgaban un papel clave en el cobro de comisiones por obras públicas. Supuestamente, se encargaba de gestionar y repartir las mordidas.

En relación con Santos Cerdán también sale a la luz el nombre de su mujer, Francisca Muñoz, también conocida como "La Paqui". En el informe de la UCO han recogido conversaciones de WhatsApp en las que el dueño de la empresa Servinabar, Antxon Alonso, criticaba los gastos que esta hacía con la tarjeta de la compañía. "Le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", decían, aseguran que todo era "gastar y gastar".

Precisamente Antxon Alonso volvió a colocarse en el foco mediático este jueves cuando se dio a conocer su detención. Según la UCO, es el administrador único de Servinabar y amigo íntimo de Santos Cerdán. A través de esta empresa, el exsecretario de Organización del PSOE presuntamente canalizaba las mordidas, la cual le pertenecía el 45%.

Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fue detenido este miércoles. Hace años fue asesor de Servinabar entre los años 2021 y 2023, donde llegó a cobrar casi 200.000 euros.

Por su parte, la exmilitante del PSOE Leire Díez también fue detenida por la Guardia Civil por una investigación que estudia supuestas irregularidades con contratos del sector público. Ella misma se definió como la mano derecha de Santos Cerdán y, además, está siendo investigada por un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias en relación con presuntas maniobras para malbaratar investigaciones judiciales, consiguiendo información que desacreditase a mandos de la UCO y otros funcionarios, como fiscales y magistrados.

El rescate de Plus Ultra

Este jueves conocíamos también el registro de la sede de la aerolínea Plus Ultra por parte de la Policía Nacional. Como resultado, el presidente Julio Martínez y su CEO, Roberto Roselli, eran detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por presunto delito de blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea por parte del Gobierno a través de la SEPI, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por último, cabe mencionar la participación de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en varias de las distintas tramas de corrupción. Cobró dinero de Servinabar en el caso que lleva su nombre, y también se llevó mordidas de la trama de las mascarillas, y en el de los hidrocarburos.

La pareja de Ayuso

Pero no toda la corrupción salpica exclusivamente al Partido Socialista. Este jueves conocimos a través de una publicación de eldiario.es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso operaba en el Grupo Quirón con una identidad falsa, Alberto Burnet González, que se corresponde con un cargo de directivo. "En un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana", salía en su defensa la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar que Alberto González Amador está siendo investigado por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a una organización criminal. Por un lado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 3 años y 9 meses de prisión para el novio de ayuso por haber defraudado 350.951 euros en dos ejercicios fiscales en concepto de Impuesto de Sociedades.

Por otro lado, la UCO realizó un informe sobre la compra de una sociedad que facturaba unos 30.000 euros por una cuantía que ascendía el medio millón de euros. Se cree que podría tratarse del pago encubierto de la parte de la comisión que le correspondía a Fernando Camino, presiente de Quirón Prevención, por material sanitario al comienzo de la pandemia de la Covid.