Política

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a "garantizar" la ley en los centros de educación segregada

Insta al Departamento de Educación a finalizar el procedimiento administrativo en relación con el incumplimiento de la normativa a la mayor brevedad

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Pamplona

El Parlamento de Navarra ha aprobado una moción que insta al Gobierno foral a garantizar que los centros educativos que reciben dinero público cumplan la ley y no agrupen a los alumnos en las aulas por sexos, una moción apoyada por todos los grupos excepto por Navarra Suma.

La resolución, propuesta por EH Bildu, tenía un primer punto que denunciaba “la dejación” de la Administración educativa en la renovación de los conciertos educativos de Bachillerato en 2022 en los centros que segregan por sexo en Navarra, “que han hecho caso omiso de la normativa vigente y siguen separando al alumnado por razón de sexo”. Este punto ha sido rechazado, al sumar los votos en contra de NA+ y PSN, pese al apoyo del resto.

Ya aprobados el resto de puntos, el segundo punto pedía apelar al cumplimiento de la legalidad vigente en los centros que segregan por sexo en Navarra y a la responsabilidad que tienen los propios centros y el Gobierno de Navarra en esta tarea.

Además, el Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación a finalizar el procedimiento administrativo en relación con el incumplimiento de la normativa a la mayor brevedad, adoptando las medidas necesarias para garantizar la coeducación o en su caso la pérdida de financiación pública en este mismo curso, teniendo en cuenta que estos conciertos en ningún caso pueden ser prorrogados según la ley, que solamente permite esta posibilidad en las etapas obligatorias.

En el cuarto punto el Parlamento reitera que el modelo educativo basado en la segregación por razón de sexo es “excluyente y contrario a la coeducación”, y manifiesta su compromiso con impulsar valores y modelos de relación basados en la igualdad.

También, se insta al Gobierno de Navarra a “acatar y cumplir, en sus ámbitos de aplicación, lo establecido en la LOMLOE y, en particular, en la Ley Foral 17/2012 que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social, en lo que atañe al desarrollo de los principios fundamentales de la educación mixta y coeducativa establecidos en las mismas, que implican la no concertación de enseñanzas con centros privados que incumplan con estos principios”.

Estos dos últimos epígrafes han sido agregados a partir de una enmienda de adición presentada por I-E, si bien no ha prosperado la enmienda de sustitución de NA+ que conminaba a “tener en cuenta las necesidades del alumnado y sus familias, a la hora de resolver el procedimiento abierto en relación con los conciertos de bachillerato con los centros de educación diferenciada de Navarra" para los cursos de 2022 a 2026.

En defensa de la iniciativa inicial, Bakartxo Ruiz ha recordado la trayectoria de dos centros navarros, que reciben ayuda para sus conciertos con el Gobierno, que han ido bordeando la ley que impide el tratamiento diferenciado y siguen recibiendo ayuda, tanto en Primaria en su momento al implantar progresivamente las novedades como en Bachiller, “donde han hecho trampa” también este año por argumentar que este nivel no es de educación obligatoria.

“¿El dinero público debe estar para pagar anomalías?”, se ha preguntado Ruiz, para que es “importante” que los grupos que han apoyado las normas que actualmente rigen recuerdan al Gobierno “su responsabilidad” y a estos centros “las consecuencias” de su incumplimiento.

Marisa De Simón (I-E) ha reiterado su “apuesta por sociedades inclusivas” y ha recordado que su “pelea” en esta cuestión de “muchísimos años”, sabedora de que estos centros, ligados al Opus Dei, tienen derecho a ofrecer la educación que ofrecen, pero no a recibir subvención que actualmente tienen por impedirlo la Lomloe, por lo que ha cuestionado al Gobierno foral: “O bien ustedes fallaron antes o han fallado después”.

Por Navarra Suma, Pedro González ha apelado a la literalidad de la ley que concede “la extinción progresiva” de las actuales condiciones, que “no se pueden variar a mitad de partido”, ha dicho tras mostrar su “preocupación” por las familias que no podrán afrontar el coste de estos centros por el cese de la subvención, así como por la repercusión económica, emocional y pedagógica en el alumnado de un posible cambio brusco en su dinámica.

A favor de la iniciativa inicial, Jorge Aguirre (PSN) ha subrayado su postura “en contra de la educación diferenciada y de que este tipo de educación se financie con fondos públicos”, pero ha advertido de que el departamento de Educación “no puede gestionar con las tripas sino con las debidas garantías jurídicas”, y por ello ha abierto un proceso de inspección a dos centros en Navarra, ha dicho tras negar por ello su apoyo al punto 1 de la moción y avanzar que, si se demuestra la ilegalidad, los conciertos serán derogados.

María Solana (Geroa Bai), también a favor de la moción y de la enmienda de I-E y en contra de la de NA+, ha pedido “respetar” el proceso de investigación al respecto, aunque “llama la atención que se renueven conciertos con centros que a día de hoy segregan por sexo en Navarra”, por lo que ha abogado por que el Gobierno “aplique la norma y la haga cumplir”.

Por Podemos, Ainhoa Aznarez ha sido rotunda en contra de la educación diferenciada y, por ende, de su financiación pública, al tiempo que ha abogado porque los centros concertados deban aplicar el programa de coeducación Skolae por el hecho de recibir financiación pública.

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