Salvador Moreno, miembro de la ejecutiva de UPN entre los condenados a 8 meses de prisión por agredir a agentes en el intento de asalto al Parlamento de Navarra
La sentencia recoge que formaba parte de una "masa violenta" y "dio un puñetazo en la espalda" a un agente de Policía Foral

Jesús Diges (EFE)

Pamplona
Los agricultores que participaron en los incidentes en la puerta del Parlamento de Navarra el 7 de marzo de 2024 y agredieron a agentes han sido condenados a 8 meses de prisión y multa de 2 meses y 20 días por delito de desórdenes públicos, desobediencia grave, atentado a agentes de la autoridad y delito leve de lesiones. Por su parte, los agricultores que participaron en los hechos pero no acometieron o agredieron a agentes de policía han sido condenados a 4 meses de prisión y multa de 2 meses por delito de desórdenes públicos y desobediencia grave a agentes de la autoridad. En total son 19 los condenados.
Entre los condenados a 8 meses se encuentra Salvador Moreno, miembro de la ejecutiva de UPN que dirige Cristina Ibarrola. Son 4 meses por desórdenes públicos y otros 4 meses por el delito de atentado a agente de la autoridad. Se suma una multa de 160 euros por un delito de lesiones y otros 480 por resistencia a la autoridad. Moreno, que fue concejal de UPN en Sartaguda fue incluido en la candidatura de Cristina Ibarrola para la dirección del partido en el congreso que el partido celebró en abril, un mes después del intento de asalto al parlamento. Él es una de las personas claramente visibles en las imágenes que vimos desde entonces en sernavarra.com. El texto de la sentencia señala que "formaba parte de la masa violenta y el grupo de personas que con ánimo de atentar contra la paz pública" cruzó la calzada para entrar en el Parlamento con "forcejeos, agresiones y golpes". La sentencia recoge heridas de diversa consideración a 6 agentes de policía foral que lograron impedir la irrupción del grupo por la fuerza en el pleno del parlamento que en ese momento debatía los presupuestos de este año. En el caso concreto del miembro de la ejecutiva regionalista señala que "con ánimo de atentar contra el principio de autoridad, acometió a un agente de Policía Foral al que dio un puñetazo en la espalda".
Entre los condenados se confirma también que está el alcalde regionalista de Lazagurria, Máximo López Caro. En su caso, la sentencia recoge 4 meses por desórdenes públicos y una multa de 480 euros por resistencia y desobediencia. Recoge el texto del juez Edilberto Iglesias que también formaba parte "de la masa violenta" y además "desobedeció las órdenes policiales" y los agentes "tuvieron que hacer uso de la fuerza ante su actitud". Asimismo recoge el texto judicial que "se fue corriendo hacia la zona del garaje, a la zona de salida de los vehículos" de miembros del gobierno y el parlamento "pese a que fue requerido en varias ocasiones para que se mantuviese en la acera".
Por el momento, UPN no ha reaccionado a esta sentencia ni se pronuncia sobre si habrá medidas internas tras la sentencia.
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Según han informado desde los despachos de abogados que llevan la defensa de los agricultores (Chaverri-Loitegui y González-Sainz), este jueves se ha celebrado la vista de conformidad en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona y se han impuesto las penas al haberse alcanzado un acuerdo "satisfactorio" con el Ministerio Fiscal. Asimismo, se ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad, por lo que ninguno deberá entrar en prisión.
Los despachos de abogados han relatado que el 9 de marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona acordó mediante auto la incoación de diligencias previas tras recibir un atestado de Policía Foral en relación con los hechos que ocurrieron en el exterior del Parlamento de Navarra el 7 de marzo de 2024. Dicho atestado, que dio lugar a la detención de 19 personas y su posterior puesta en libertad por el Juzgado de Guardia, fue instruido por siete delitos: delito contra las instituciones del Estado, delito de atentado contra agentes de la autoridad, delito de lesiones, delito de desórdenes públicos, delito de resistencia y desobediencia grave, delito de daños y delito de injurias.
"Una vez los agricultores fueron puestos en libertad, esta representación letrada inició las conversaciones con la Fiscalía, que manifestó desde el principio su voluntad de llegar a un acuerdo", han destacado los abogados, que han añadido que "el presidente del Parlamento de Navarra comparó lo ocurrido con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos" y que "la presidenta del Gobierno de Navarra señaló en varias ocasiones que lo ocurrido era 'un intento de asalto al Parlamento'".
Así, según han afirmado, "la voluntad del Gobierno de Navarra era la de investigar los hechos como un presunto delito contra las instituciones del Estado, pero eso no ha ocurrido". "Los hechos se han investigado como desórdenes públicos, no como un presunto intento de asalto al Parlamento de Navarra", han apuntado.
Desde los despachos de abogados también han destacado que "en ningún momento se ha investigado a los agricultores por un presunto delito contra las instituciones del Estado" que, "con penas de prisión de hasta 5 años, es competente para la instrucción y enjuiciamiento la Audiencia Nacional". Uno de los objetivos de los letrados era "evitar que el procedimiento se instruyera por ese delito, puesto que hubiera generado un perjuicio muy superior a nuestros representados".
"Una vez cumplido ese objetivo de evitar la instrucción por un delito contra las instituciones del Estado, comenzó la negociación con la Fiscalía, habiéndose alcanzado un acuerdo el pasado mes de noviembre. Queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ministerio Fiscal por haber contribuido a finalizar este procedimiento satisfactoriamente para todas las partes", han subrayado.
La vista de conformidad se ha celebrado tras reconocerse los hechos por los investigados. En el pacto con la Fiscalía se han diferenciado dos grupos: el primero referido a aquellos que participaron en los hechos, pero no acometieron o agredieron a agentes de Policía y el segundo, los que además de participar en los hechos, acometieron o agredieron a agentes.
Desde el despacho de abogados han mostrado su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado ya que "el procedimiento se ha seguido en Pamplona, evitando el delito contra las instituciones del Estado del que era competente para conocer la Audiencia Nacional".
Además, "se han rebajado los 7 delitos iniciales a 4 al haberse alcanzado un pacto con la Fiscalía para imponer las penas mínimas en todos los delitos, habiéndose aplicado la atenuante de reparación del daño y una rebaja de un tercio de la pena por la transformación en diligencias urgentes".
Asimismo, "se han causado los menores perjuicios posibles a nuestros representados, no habiendo tenido que prestar declaración en el Juzgado". "Únicamente han tenido que mostrar su conformidad en el Juzgado de Instrucción sin haberse sometido a un juicio en el Juzgado de lo Penal", han remarcado.
Finalmente, han subrayado que "en cuanto se tuvo conocimiento del alcance de las lesiones de los agentes de Policía Foral, la representación letrada inició los trámites para indemnizar a los agentes, habiéndose satisfecho todas las indemnizaciones a los agentes, así como a un fotógrafo al que se le ocasionaron daños en su material fotográfico".
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