Lunes, 18 de Octubre de 2021

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Una infanta imputada

Pepa Bueno, durante la presentación de la nueva temporada de Cadena SER, en la que dirigirá - junto a Gemma Nierga - 'Hoy por Hoy'

Pepa Bueno, durante la presentación de la nueva temporada de Cadena SER, en la que dirigirá - junto a Gemma Nierga - 'Hoy por Hoy' / CADENA SER

Ni siquiera el hecho de que fuera un secreto a voces en las últimas semanas; ni siquiera la resignación de los protagonistas de esta historia-comenzando por la Casa Real- que ya se preparaban para esta posibilidad; ni siquiera la costumbre que hemos adquirido de convivir con las malas noticias impide valorar la trascendencia de la imputación de la hija del rey, la infanta Cristina, en la trama de corrupción presuntamente creada en torno a su marido Iñaki Urdangarín.

Un hecho político grave e inédito en la historia de España.

Y sin embargo este es un momento determinante para mantener la calma y no buscar conclusiones sino analizar datos ciertos y lanzar algunas preguntas. El primero, el más evidente y probablemente el único positivo: la Justicia sí es realmente igual para todos y nuestro país demuestra ser un Estado de derecho que funciona. El no haber imputado a la infanta hubiera sido más difícil de explicar y entender que su imputación.

El segundo, que debemos tener presente en todo momento: imputada no significa condenada, y aunque se trate de un paso procesal muy serio que supone la existencia de evidencias ciertas contra la infanta es también un modo de preservar con garantías su derecho a la defensa, su presunción de inocencia y a la vez de garantizar su declaración ante el juez. De hecho, en el escrito del juez se desliza la idea de que su posible delito como cooperadora necesaria se limitó a permitir la utilización de su nombre y su posición institucional para lograr favores y beneficios económicos al margen de los cauces y los controles habituales.

Pero también debería explicarse con claridad cuáles son los argumentos legales de la Fiscalía para tomar la decisión de recurrir la decisión del juez. Necesitamos que demuestren rápida y claramente que el ministerio público actúa exclusivamente por motivos legales.

También es sorprendente el modo en que la Casa Real, en su comunicado del miércoles a última hora, mostraba su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía y se sorprendía por la imputación, cuando hasta ahora se había limitado a no comentar las decisiones judiciales.

La Justicia debe seguir funcionando hasta el final, sin presiones ni límites. Y los medios debemos evitar lanzar juicios o prejuicios tempranos.

Sin embargo, del mismo modo que a un político imputado le exigimos que se le aparte mientras dure el proceso, no es descabellado pensar que la infanta Cristina podría librar a la Jefatura del Estado de la mínima sombra de duda con una renuncia a sus derechos sucesorios. Un gesto más bien simbólico, dada la línea hereditaria actual, pero que reflejaría su voluntad de preservar la estabilidad de la institución por encima de todo.

Y en cualquier caso, esta imputación vuelve a poner de relieve que hacen falta más paredes de cristal en la Casa Real: respecto a lo sucedido, y respecto al futuro. Y para eso, nada mejor que admitir de una vez por todas, la institución y los partidos mayoritarios, que Zarzuela debe incluirse en la nueva Ley de Transparencia.

Mientras, a esperar que la Justicia termine su trabajo. Una Justicia que hoy se vindica y legitima con la decisión del juez Castro.

Pepa Bueno: "Una infanta imputada"

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