El 'Caso Neymar' no acaba con el pago de la multa

Fuentes fiscales destacan que las responsabilidades del Barça y de los dirigentes "son independientes" y que deben depurarse las derivadas de la supuesta apropiación indebida o de la ejecución de "contratos simulados" para "engañar" a Hacienda.

El Barça ha anunciado que va a depositar 13.5 millones en la Agencia Tributaria por la discrepancia existente entre lo declarado por el club de fútbol a cuenta del fichaje del jugador brasileño Neymar, y lo que le reclama la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero ese pago, incluso un posible pacto con el Ministerio Público por otra parte muy habitual cuando de supuestos fraudes al fisco se refiere -porque lo que quiere la Hacienda Pública es cobrar-, no va a suponer el archivo de la investigación que instruye el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

Fuentes fiscales consultadas por la Cadena SER confirman que la investigación va a continuar porque una cosa es la responsabilidad de la persona jurídica F.C. Barcelona, que quedaría extinguida con el pago de la cantidad adeudada, y otra las responsabilidades de las personas físicas, es decir, los dirigentes, que hubieran participado en el fichaje por los supuestos delitos de apropiación indebida en su modalidad de distracción -el inicialmente denunciado en su querella por el socio del Barça Jordi Cases-, y otros que pudieran derivarse de la posible "simulación contractual" para "engañar a Hacienda". Una "simulación" de contratos que puede derivar en una acusación por falsedad en documento entre otros delitos, según las mismas fuentes.

Si el Barça propone un pacto a la Fiscalía para extinguir las responsabilidades por el supuesto fraude al fisco, debería alcanzarse mediante un juicio de conformidad en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un pacto que no excluiría de responsabilidades penales a sus dirigentes que se seguirían investigando, y que en cualquier caso, resultaría improbable si el pseudosindicato Manos Limpias consigue pagar la fianza acordada de 45.000 euros para que pueda ejercer la acusación popular, ya que Manos Limpias rechaza la posibilidad del acuerdo.

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