Sábado, 17 de Abril de 2021

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La España indecente

Un repaso por los principales casos de corrupción de administraciones locales y cargos públicos

Corrupción: la España indecente: La España indecente

CADENA SER

Asturias: sindicalista sospechoso

José Ángel Fernández Villa / J. Casares (EFE)

El caso que palpita en este momento lleva el nombre de un sindicalista, aunque no uno cualquiera; el caso Villa va tras la pista del origen de una fortuna aflorada al hilo de la amnistía fiscal del año 2012, a nombre del histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa. El que fuera hombre fuerte del socialismo asturiano entregó en el banco un buen montón de fajos hasta el millón y medio de euros que justificó aludiendo a una herencia de su madre, que regentó hasta su muerte un modesto bar en las cuencas mineras. La Fiscalía Anticorrupción no se ha dado por satisfecha y trata de desentrañar como Villa acumuló semejante capital. Pero hay más, está pendiente de juicio el caso Marea, una trama de contratos amañados con varios imputados, entre ellos el ex consejero de Educación del PSOE, José Luis Iglesias Riopedre. Y habrá que ver en que acaba el expediente europeo por la ampliación del Puerto de Gijón, que habla de irregularidades y fraude en la gestión de la obra y propone la devolución de casi 250 millones de ayudas comunitarias.

Canarias: con Lanzarote a la cabeza

Miguel Zerolo EFE

Con más de 200.000 folios de sumario, el caso Unión es el primero de los grandes casos de corrupción en el que ya ha comenzado la vista oral, aunque la operación estalló en mayo de 2009. Afectó a varios ayuntamientos de Lanzarote. En su día se detuvieron a concejales, alcaldes, empresarios y funcionarios públicos. El expresidente del cabildo de Lanzarote, Dimas Martín está considerado el cabecilla de esta trama de corrupción urbanística y fue detenido en la misma cárcel, donde estaba ingresado por condenas anteriores. En Gran Canaria están pendientes el caso Eólico, que afecta a una trama corrupta relacionada con un concurso de energía eólica que se convocó cuando era consejero de Industria Luis Soria, hermano del actual ministro de Turismo y energía José Manuel Soria. También en Gran Canaria está el caso Faycán, que afecta al ayuntamiento de Telde, el segundo más importante de la isla. Se investiga cobro de comisiones y presunta financiación ilegal del PP. Casi 30 imputados, entre ellos la alcaldesa de Telde, para la que el fiscal pide 5 años de cárcel, Carmen Castellano, que se presentó a la alcaldía por el PP cuando ya estaba imputada por este caso. En Tenerife uno de los más destacados es el caso Las Teresitas, considerado por la Fiscalía Anticorrupción un pelotazo urbanístico de manual. Uno de los principales imputados es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. Actualmente es senador de Coalición Canaria. Zerolo fue condenado por otro caso, por el tribunal supremo y podría dejar su escaño en la cámara alta en los próximos días.

Catalunya: no se escapa nadie

Jordi Pujol / Albert Garcia (Albert Garcia)

Las investigaciones por presunta corrupción han salpicado la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. La justicia quiere averiguar el origen de la fortuna familiar y mira con lupa las actividades de 3 de sus hijos, como la compra de 1.000 oficinas del Santander por 2.000 millones de euros de Oleguer Pujol o la presunta compra del voto de Oriol Pujol a cambio de 40.000 euros en la presunta trama de las ITV. Pero el goteo de casos salpica a todos los partidos: desde la supuesta financiación ilegal de Convergència en el caso Palau, más de 6 millones de euros supuestamente desviados y la sede del partido embargada, al presunto cobro de sobresueldos de 40 alcaldes de todos los colores en la Federación de Municipios.

Galicia: sucesión de alcaldes

Lo último sobre corrupción en Galicia pasa por la operación Zeta y el supuesto fraude de 20 millones de euros de fondos públicos de la Xunta para cursos de formación. Como cabecilla de la trama se sitúa un empresario coruñés que tenía relaciones de privilegio con el actual gobierno y con el anterior. El principal conseguidor es el empresario Pachi de Lucas, amigo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y muy bien relacionado con la plana mayor del PP. Se acaba de cerrar además la instrucción de la operación Campeón que provocó la dimisión de la cúpula del IGAPE, un organismo de la Xunta para la dinamización empresarial... Y está la operación Pokémon, con más de cien imputados por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación. Se trata de una operación que ha puesto patas arriba a los gobiernos de varias ciudades gallegas, Ourense, A Coruña, Lugo y Santiago. Un ejemplo de las consecuencias que provoca la corrupción en Galicia lo encontramos en Santiago de Compostela, con tres alcaldes en tres años. Conde Roa, del PP, tuvo que dimitir por un fraude fiscal. Su sucesor, Ángel Currás todavía imputado en la Pokémon, dimitió después de que medio gobierno fuera condenado por prevaricación administrativa, por decidir el pago con fondos públicos del abogado de un concejal acusado de corrupción. Ahora el actual alcalde, Agustín Hernández, gobierna con siete concejales no electos.

Madrid: lo último, la operación Púnica

Francisco Granados / Juan M. Espinosa (EFE)

Valdemoro es uno de los municipios de Madrid que se ha encontrado en pleno ojo del huracán de la 'operación Púnica': donde Francisco Granados, eje de la trama, fue alcalde, y donde según la justicia se concedieron contratos públicos de forma irregular.

Málaga: 400.000 folios de instrucción

Maite Zaldívar, exmujer del exalcalde de Marbella Julián Muñoz. / Jorge Zapata (EFE)

Uno de cada diez municipios de la provincia se ha visto salpicado por casos de corrupción. Continúan en instrucción o pendientes de juicio más de un centenar de causas con cerca de 200 imputados de los que medio centenar son, o han sido, cargos públicos o funcionarios de las distintas corporaciones. Caso Malaya, Astapa, Arcos, Casares, Manilva… Los asuntos de corrupción pendientes de juicio en Málaga suman más de 1.000 tomos y 400.000 folios de instrucción.

Murcia: fútbol, constructores y granjeros

El alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara (i), junto a cargos del PP. / Marcial Guillen (EFE)

El caso Umbra mantiene imputada a toda la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, incluido el alcalde, Miguel Angel Cámara, el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, el exjefe de la Gerencia y exjefe de planeamiento, además de a Jesús Samper, presidente del Real Murcia y otros empresarios. El juzgado de instrucción número ocho de la capital investiga desde hace años los convenios urbanísticos de norte de la ciudad, especialmente el de Nueva Condomina donde Samper pudo haber tenido un trato de favor por parte del equipo del PP en el Ayuntamiento en la recalificación de terrenos a cambio de construir un campo de fútbol. En pieza separada se investiga el patrimonio del alcalde de Murcia (un informe de 600 páginas) que está declarado secreto casi un año. La última pieza del caso Umbra es un informe pericial que se acaba de conocer y que revela que el Ayuntamiento cifró en casi 69 millones de euros la compensación a los propietarios de tres granjas de cerdos situadas en los terrenos de Nueva Condomina, para ser trasladadas a otro lugar por diez más que su valor.

Sevilla: 220 imputados por los EREs

En Sevilla hace casi cuatro años que la jueza Mercedes Alaya investiga si el pago de ayudas socio laborales, ayudas directas a empresas y EREs se pagaron al margen del procedimiento legal, evitando los controles previos de la Intervención y al margen de la Ley de Subvenciones. En muchos casos supuestamente se dieron ayudas millonarias sin solicitud del interesado. Hay más de 220 imputados, entre ellos la exconsejera Magdalena Álvarez, y están " preimputados" los dos ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñán; los ex viceconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno, Carmen Martínez Agüayo, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Martín Soler. El Supremo tendrá que decidir en unos meses si divide la macrocausa en piezas como desea Anticorrupción y si asume la que afecta a los políticos. La jueza ha cifrado el supuesto fraude en 855 millones de euros. Desde el principio ha impuesto fianzas civiles millonarias que llegan a los 2.950 millones. Las mayores, 808 millones al ex consejero Fernández y 686 millones al exdirector de Trabajo, Javier Guerrero.

Toledo: comisiones en el servicio de basuras

El juez Ruz está investigando la adjudicación del servicio de basuras y limpieza de Toledo porque, según Luis Bárcenas, la adjudicataria pagó a cambio al PP de Castilla-La Mancha 200.000 euros como comisión. Esto ocurría en 2007, cuando el PP gobernaba en el Ayuntamiento de Toledo.

Valencia: caso abierto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, conversa con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. / MORELL (efe)

El caso Cooperación es el único de momento con un culpable ya declarado. Rafael Blasco fue sentenciado a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación absoluta por el desvío en 2008 de 1,8 millones de euros teóricamente destinados a Nicaragua y que se invirtieron principalmente en pisos y plazas de garaje en Valencia. Ahora están pendientes las dos piezas separadas del caso cuya investigación aún no ha concluido. Y siguen pendientes, el caso Brugal, y el urbanismo alicantino, con la imputada Sonia Castedo; el caso Nóos, con varios altos cargos de la Generalitat imputados por la celebración de eventos en Valencia, organizados por Iñaki Urdangarín; el caso Gürtel , que además de los trajes de Francisco Camps están pendientes de juicio varias asuntos por la estrecha relación entre los máximos responsables de la trama con el PP en la Comunitat Valenciana.

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