Fernández Díaz acusa al ayuntamiento de Barcelona de facilitar la violencia

Madrid

Jorge Fernández Díaz entra en la polémica por el desalojo de la sucursal bancaria que ha provocado disturbios en el centro de Barcelona al acusar al Ayuntamiento de apoyar a los movimientos okupas que están "íntimamente relacionados" con la violencia de las últimas jornadas. El ministro en funciones asegura que "el equipo de gobierno se ha retirado de la acusación particular que afectaban a personas imputadas en hechos violentos" y eso "si no apoya la violencia, la facilita".

Al cabeza de lista del PP por Barcelona tampoco acepta la solución del exalcalde Xavier Trías que pagó 5.500 euros mensuales por el alquiler del local para evitar el desalojo pero carga contra Colau al afirmar que "algunas autoridades públicas han manifestado que sólo iban a cumplir las leyes que consideraran justas. Quien siembra vientos recoge tempestades", ha asegurado en una entrevista en 'Hora 25'.

Respaldo a Dancausa

El ministro de Interior en funciones también ha respaldado a la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, a pesar de la polémica prohibición de la entrada de esteladas en la final de la Copa del Rey, decisión revocada por un juez el pasado viernes. "La delegada hace una interpretación de la ley y eso se puede recurrir. Forma parte del normal funcionamiento del Estado de Derecho. No es motivo de dimisión", ni de tacha política, ha sentenciado Fernández Díaz a preguntas de Àngels Barceló.

Aún así, se ha desmarcado de la prohibición. "Yo no lo sabía, es una competencia de la delegada del gobierno y me reservo mi opinión porque lo que diga puede ser interpretado... Por prudencia, prefiero no manifestarme", ha asegurado el ministro en funciones.

Dudas sobre el juez de la Mata

Fernández Díaz también ha valorado la decisión del juez José de la Mata que ha impuesto una fianza de 1,2 millones de euros al PP como responsable civil subsidiario en el caso de la caja B del PP, cuestionada por algunos dirigentes del PP que han recordado que el magistrado ocupó cargos públicos con el gobierno del PSOE para desacreditarlo. "Llama la atención que esa responsabilidad se solicite cuando no ha comenzado el juicio, sin determinar que el cumplable es solvente o no", ha asegurado el ministro en funciones.

En ese sentido, el dirigente popular ha enmarcado las críticas lanzadas hoy por Rafael Hernando en la libertad de expresión amparada por la Constitución. "El derecho a la libertad de expresión la tenemos todos y un diputado tiene derecho a opinar".