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Jueves, 20 de Febrero de 2020

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El Congreso, ante una decisión inédita: la renta mínima indefinida contra la pobreza

El pleno de la Cámara vota este jueves la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular, avalada por más de medio millón de firmas, que reclama la creación de una ayuda de 426 euros para personas en paro de larga duración y sin ingresos

El hemiciclo del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. / ()

Cuando en 2007 entró en vigor la conocida como Ley de Dependencia, se dijo que constituía el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España tras la sanidad, la educación y las pensiones. Pues bien, este jueves se va a votar en el Congreso la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que, si llega a buen puerto, constituirá el quinto pilar de ese Estado del Bienestar tan baqueteado por la crisis. Esa iniciativa reclama la creación de un ingreso mínimo garantizado para las personas en situación de pobreza. Viene avalada por más de medio millón de firmas que han sido recogidas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

El objetivo de esta iniciativa, que cuenta ya con el rechazo expreso de PP y Ciudadanos, es proporcionar a las familias sin ingresos que estén buscando activamente empleo una renta que les permita afrontar dignamente las necesidades más básicas. Al mismo tiempo, se busca proteger a los niños que viven en hogares con menos dinero y eliminar la pobreza más severa. Pretende ser, en definitiva, la última red de protección ante la penuria económica.

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a esta ayuda?

  • Ser mayor de 18 años y menor de 65 y estar buscando empleo
  • Carecer de recursos económicos, lo que quiere decir que tenga unas rentas anuales inferiores a 6.368 euros, que es el 75% del salario mínimo interprofesional excluyendo las dos pagas extra.
  • Si convive con otras personas en una misma unidad familiar, se entenderá que carece de recursos económicos cuando la suma de ingresos de todos los integrantes dividida por el número de miembros que la componen no supere esos 6.368 euros...

¿Cuáles son las cuantías de la ayuda?

La cantidad básica mínima que en principio plantean los sindicatos será de 426 euros al mes. Dicha cantidad debería aumentarse por cada persona a cargo de ese hogar pero los sindicatos han preferido dejar en manos del Congreso esos incrementos.

El PSOE, por su parte, propone aumentar la ayuda en 150 euros mensuales por cada hijo para quienes tengan rentas anuales inferiores a 7.100 euros. El incremento será de 100 euros por cada hijo si la renta anual está entre 7.100 y 11.500 euros y de 50 euros por hijo si no llegan a los 17.000 euros al año.

Casi todas las comunidades autónomas tienen ayudas parecidas a ésta con distintos nombres: ayuda de emergencia, renta social básica, salario social básico… ¿Cómo encaja entonces este ingreso mínimo garantizado con las prestaciones similares que tienen las comunidades? Este es uno de los puntos que se tendrá que negociar durante la tramitación parlamentaria pero, en principio, el objetivo es que el Gobierno ponga esos 426 euros iniciales, y cada Comunidad complete lo que falte —si es que falta algo hasta igualar la prestación autonómica.

Además, esta ayuda tiene una notable diferencia con la de las comunidades: es indefinida. Es decir, se cobra mientras no se revierta la situación de pobreza que permite su concesión. Las ayudas de las comunidades no son indefinidas. En muchos casos duran un año, en algunos dos, en otras son prorrogables. Y van desde los 333 euros de Murcia a los 622 de Euskadi o los 655 de Navarra, que son las más altas. 

¿A cuántas personas puede beneficiar?

Hay dos cálculos. Uno lo han hecho los sindicatos, que son los quienes han elaborado la iniciativa, y que cifran en casi dos millones y medio las personas que reúnen los requisitos para percibir esos 426 euros. Contando las personas que están a cargo de los perceptores de la ayuda, el número total de beneficiarios se eleva, según UGT y Comisiones, a más de seis millones y medio de personas, es decir, que cubriría al 14% de la población española.

El segundo cálculo, más conservador en sus previsiones, lo ha hecho el PSOE. Según sus cuentas, la prestación básica, la de 426 euros, beneficiará a más de un millón 800.000 personas y los incrementos por hijo pueden llegar hasta dos millones 300.000 menores de edad, es decir, que en total los beneficiarios pueden superar los cuatro millones de personas. Dicho de otra forma, según los socialistas, el ingreso mínimo garantizado cubrirá, si finalmente ve la luz, a prácticamente uno de cada diez españoles.

¿Cuánto cuesta implantar esta medida?

El cálculo que han realizado los sindicatos es de 12.000 millones de euros (y eso sin contar los incrementos por personas a cargo de cada perceptor de la ayuda). El PSOE rebaja esa cifra casi a la mitad, a 6.450 millones de euros. Evidentemente, estamos hablando de cifras importantísimas. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, el recorte que ha enviado el Gobierno a Bruselas este año para cumplir con el objetivo de déficit es de 5.500 millones de euros... De hecho, fuentes del PP sostienen que es una cifra tan importante que "volcaría el presupuesto". No en vano, el techo de gasto para este año es de 118.000 millones... y lo que se propone cuesta entre 6.000 y 12.000 millones.

Entonces llega la otra gran pregunta: ¿Nos lo podemos permitir o no? PP y Ciudadanos sostienen que no y utilizan precisamente ese argumento para oponerse: no podemos pagarlo. En cambio, los partidarios de la medida, con el PSOE a la cabeza, creen que es una cuestión de prioridades políticas y que si se quiere, se puede... se trata simplemente de elegir a qué destina uno el dinero cuando se elabora un presupuesto.

¿Puede el Gobierno negarse a tramitar esta iniciativa al implicar aumento de gasto?

En este punto en el que ya se encuentra la iniciativa ya no puede hacerlo. Hay letrados de la Cámara que sostienen que podría haberlo hecho cuando la iniciativa llegó a la Mesa del Congreso allá por el mes de septiembre, pero fuentes del Gobierno reconocen que no lo hicieron porque no tienen tan claro que el Ejecutivo pueda vetar iniciativas legislativas populares, ni siquiera esgrimiendo que suponen un aumento del gasto. De hecho, no ha sucedido nunca en democracia. Nunca un gobierno ha vetado una ILP, una iniciativa legislativa popular. Todas han pasado el filtro de la mesa. Otra cosa distinta es que luego hayan salido adelante. De hecho, sólo ha sucedido una vez. Sólo una ILP ha visto la luz en democracia y fue sobre una reforma de la ley de propiedad horizontal.

Llegados a este punto, la capacidad de veto del Gobierno ya no existe, porque sólo sirve para impedir la tramitación de iniciativas. Así que el partido está ahora en el juego de mayorías en la Cámara Baja.

Posición del resto de grupos

PP y Ciudadanos han manifestado su oposición a implantar una medida que supone un notable aumento de gasto pero juntos sólo suman 169 escaños y necesitan 176 para frenarla. En principio, el resto del arco parlamentario respalda la tramitación de esta iniciativa. Salvo que alguna ausencia inesperada desequilibre la balanza, la iniciativa legislativa popular que reclama la creación de un ingreso mínimo garantizado de 426 euros será tomada en consideración. De hecho, fuentes del propio Gobierno dan por hecho que así va a suceder.

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