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La difícil cohabitación del Gobierno y el Congreso

El Ejecutivo de Sánchez tendrá que lidiar con una Cámara presidida por el PP y en la que populares y Ciudadanos podrían paralizar o ralentizar la aprobación de leyes gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso

Vista general del hemiciclo el segundo día que se debate la moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. / Emilio Naranjo (EFE)

Madrid

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno sentará otro precedente. Nunca antes un Gobierno tuvo una mayoría adversa en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos suman cinco de sus nueve miembros. Y es que a efectos parlamentarios nada cambia tras la moción de censura salvo una cosa: la capacidad de veto previo de las leyes ya no estará en manos del PP sino del Gobierno de Sánchez, lo que a priori augura que podremos ver más debates en el Congreso sobre iniciativas legislativas de la oposición que hasta ahora el Ejecutivo de Rajoy había bloqueado de modo abusivo, según han denunciado reiteradamente los socialistas.

Además, desde el Gobierno, el PSOE tendrá la facultad de presentar proyectos de ley para desmontar las leyes del PP o impulsar otras nuevas pero se va a enfrentar a dos problemas: uno de simple aritmética parlamentaria, conseguir que quienes le apoyaron en la moción de censura se pongan de acuerdo para aprobarlas. Si salva ese escollo inicial hay otro no menor, la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso podría congelar de forma indefinida la aprobación final de esas leyes mediante la solicitud de prórroga de enmiendas. Es lo que han hecho toda la legislatura con algunos ejemplos especialmente llamativos, como por ejemplo la suspensión de la LOMCE o la subida del salario mínimo que acumulan ya cerca de año y medio en barbecho con medio centenar de prórrogas, a pesar de contar con mayoría política suficiente para prosperar.

PP y Ciudadanos no sólo tienen capacidad de bloqueo sino también de desbloqueo en la Mesa, algo que una vez fuera los populares del Gobierno, podrían utilizar en sentido inverso, por estrategia política, propiciando debates incómodos para el PSOE. Hace unos meses ya lo hizo Ciudadanos reactivando el debate sobre la prisión permanente revisable que ahora PP y naranjas han vuelto a congelar mediante la petición de prórrogas al articulado.

A la espera de que el Gobierno tome posesión y vaya adoptando decisiones, a priori el escenario parlamentario sí abre posibilidades para algunas leyes de corte social y poco o nulo impacto económico que el PP vetó y que el PSOE, si así lo decide, podría impulsar ahora con ciertas garantías de éxito: desde su ley de igualdad de trato y lucha contra la brecha salarial, a la reforma de la ley de memoria histórica para sacar a Franco del Valle de los Caídos, la supresión de las tasas judiciales o la recuperación del carácter universal de la sanidad pública.

Cabe esperar también una reactivación de la reforma de la ley mordaza que está ya en debate en ponencia en el Congres. Hay dos iniciativas paralelas de PSOE y PNV que, a juzgar por las intenciones manifestadas por Sánchez en el Congreso durante la moción de censura, ahora sí podrian desembocar en un acuerdo con consenso mayoritario. Algo más complejo por su encaje presupuestario se presenta el debate de la renta mínima, también en fase de ponencia en el Congreso, y que implicaría una inversión de unos 11.000 millones de euros.

La mayoría absoluta del PP en el Senado tampoco ayudará al Gobierno de Sánchez ya que podría retrasar la aprobación de leyes. Un reto complicado para acabar con una parálisis legislativa sin precedentes, en lo que va de año solo se ha aprobado una ley ordinaria en el Congreso, además de la de Presupuestos.

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