¿Al banquillo por una fake news?

Madrid

La Fiscalía contra los delitos de odio de Barcelona se ha querellado contra una mujer por difundir en Twitter una falsa noticia: un vídeo en el que unos alumnos gritan, tumban sillas y mesas y se ríen de la profesora. La autora pedía difusión porque las imágenes ilustraban el comportamiento de los menores no acompañados, los menas, que “agradecen así cómo los acogemos”. La cuestión es que el vídeo no era español, sino que había sido grabado en una escuela de Sao Paulo, en Brasil.

La fiscalía no persigue la mera difusión de una noticia falsa, sino la intención de "vincular una supuesta violencia en las aulas con los menores no acompañados que vienen a España"; y sus consecuencias, porque el falso vídeo contribuye a "despertar o aumentar entre la población prejuicios, estereotipos y sentimientos de rechazo y hostilidad contra un colectivo especialmente vulnerable". Sabíamos que estas actitudes tienen delito. Ahora sabemos que pueden llegar a ser delito. Porque el sagrado derecho a la libertad de expresión convive en nuestra Constitución con otros sagrados derechos como la dignidad de las personas, la no discriminación por ninguna razón y la especial protección a la infancia. Quizás tuiteros de gatillo fácil que nunca han leído esa parte de la Constitución se lo piensen a partir de ahora dos veces para no recibir un zasca judicial.