"Vemos homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato denigrante y prevaricación"

Madrid

Más de 18.000 ancianos han muerto en residencias de ancianos desde el inicio de la crisis sanitaria, según la Cadena SER. Los centros de la Comunidad de Madrid  siguen siendo los más golpeados por la pandemia: casi 6.000 ancianos fallecidos.

La plataforma ‘Marea de Residencias’ presentó la semana pasada una querella contra los responsables de estos centros de mayores. “Solo en Madrid capital representamos a 26 familiares que han perdido a sus seres queridos por covid-19 o estos se han contagiado”, nos contó José Luis González de Moral, abogado de Marea de Residencias y uno de los letrados que ha firmado dicha querella.

Los afectados consideran que existen al menos cinco posibles delitos. “Denunciamos la existencia de indicios de penalidad por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, contemplamos el tipo de omisión del deber de socorro, el de trato degradante. Y en el ámbito administrativo, delito de prevaricación”, explicó.

La demanda se ha interpuesto contra los dirigentes autonómicos. Y los querellados son los presidentes de residencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Las competencias en materia de residencias y Sanidad son de las Comunidades, de la Comunidad Autónoma de Madrid”, alegó el abogado. Y ante las dudas sobre si estas competencias durante el Estado de Alarma son del Gobierno central, aclaró: “En ningún artículo del Decreto que regula el Estado de Alarma se refiere la supresión del Estatuto de Autonomía de las CCAA, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la Ley de Servicios Sociales, ni del Decreto que regula las residencias en la comunidad de Madrid”.

José Luis González recordó en SER Consumidor el cese del director general de Coordinación Sociosanitaria de Madrid, persona encargada de firmar el protocolo por el que se regulaban las decisiones sobre qué pacientes se enviaban o no al hospital. En la querella lo han apuntado como testigo de los hechos denunciados. “Las CCAA sí han adoptado medidas, el problema es qué medidas se han tomado. Este protocolo, por ejemplo, se ha dictado en el ámbito de las competencias de la comunidad de Madrid”, comentó.

Actualmente también está en marcha otra querella de los trabajadores de las residencias, ya que “ha habido una vulneración de la materia de prevención de riesgos laborales”. “Podemos hablar de un delito contra los derechos de los trabajadores”, explicó el letrado.

Las familias afectadas

26 familias afectadas son por ahora los que han interpuesto esta demanda contra 10 residencias madrileñas. Carlos Álvarez, miembro de la plataforma 'Marea de Residencias' y portavoz de los afectados de familiares de la residencia del Ensanche de Vallecas, denunció que esta situación no es nueva. “Nuestra plataforma surgió por las carencias en estos centros. Estos problemas ya venían de hace tiempo. Pero ahora, que se ha llegado a una necesidad muy grande de atención, han empezado a verse cosas que no se sabían y que son deficiencias absolutas”.

El portavoz denunció en SER Consumidor que las residencias de mayores funcionan mal porque “se ven solo como un negocio”. “Madrid cuenta con 700 residencias en la Comunidad, y solo 25 son públicas”, recordó.

La querella ya está creciendo. Según Álvarez, desde que anunciaron la demanda no paran de recibir llamadas por situaciones similares en muchas otras zonas del país. Tanto de familiares como de propios trabajadores.

Para personas interesadas en estas querellas y sumarse a la misma, https://marearesidencias.org/