La jueza del caso 8-M descarta imputar a Fernando Simón

Madrid

La jueza de Madrid que investiga la convocatoria de la marcha feminista del 8 de marzo ha rechazado la petición de imputar al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La jueza argumenta que el proceso no se dirige contra él y que además ya hay dos juzgados tramitando procesos contra él por lo que insta a las acusaciones a dirigirse a ellos para pedirlo: rechaza también imputar a funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid que una acusación popular había pedido. 

La magistrada del juzgado 51 de la capital además ha llamado a declarar como testigos a varios convocantes de marchas y concentraciones esos días de marzo: algunos de ellos, como el sindicato CGT o una asociación de jubilados de Alcorcón, han desmentido públicamente algunas de las afirmaciones que realizaba la Guardia Civil en el polémico informe que ha desembocado en varios ceses en la cúpula del cuerpo.

Sobre la posible imputación de Simón, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel explica que "este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado y, por el contrario, una consulta en la aplicación informática de estos mismos Juzgados de Instrucción de Madrid evidencia que al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite contra el Sr. Simón indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia que nos ocupa, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este".

Recuerda la magistrada que ella sólo investiga, por el momento, al Delegado del Gobierno en Madrid, llamado a declarar dentro de una semana presencialmente en el juzgado: "Los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por el Delegado del Gobierno de Madrid Sr. Franco Pardo en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020".

El polémico informe

Las testificales programadas para el próximo 11 de junio pondrán a prueba el polémico informe de la Guardia Civil que ha desencadenado la imputación de José Manuel Franco y también una cascada de ceses y dimisiones en la Guardia Civil. Convocantes de marchas esos días como el sindicato CGT o la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón. Varios de ellos, tal y como por ejemplo recoge este artículo de El País, han desmentido algunas de las conclusiones del informe y podrán explicárselo directamente a la magistrada.

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El informe, que la jueza ha remitido también al forense del caso para que vuelva a elaborar sus conclusiones, ha sido criticado con dureza por parte de la Abogacía del Estado, acusando al informe de adolecer de un "claro sesgo acusatorio" en sus más de ochenta páginas en las que llega incluso a analizar el papel de Fernando Simón algo que, tal y como revela ahora la magistrada, no tiene que ver con esta causa.

La causa arrancó en marzo después de una denuncia presentada por Víctor Valladares, antiguo abogado condenado y sancionado varias veces por estafar y engañar a clientes que asegura presidir una "Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus" que por ahora no ejerce ninguna acusación, aunque lo ha solicitado. La magistrada sí acepta la personación como acusación popular de la "Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena" siempre y cuando paguen una fianza de mil euros.