Los beneficios sociales del ingreso mínimo vital

“No dejar a nadie atrás” en la recuperación tras la crisis que ha dejado la pandemia de coronavirus. Ese es el objetivo del Ingreso Mínimo Vital que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros y del que se prevé que se beneficien 850.000 familias, la mitad de ellas con hijos a su cargo.

Para el economista Juan Torres la descalificación de la medida por parte de los partidos de la derecha “responde al encanallamiento de la vida política en España”. El Ingreso Mínimo Vital es un recurso ya existente en todos los países de la Unión Europea y en varias comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos, por lo que, insiste, no se trata de una medida novedosa, pero sí que sirve “para hacer frente a una situación dramática para muchos miles de personas”.

José Moisés Martín, de Economistas frente a la crisis, coincide en que la calificación del Ingreso Mínimo Vital como “paguita” forma parte de una estrategia de confrontación política. “La evidencia empírica nos dice que quien recibe un Ingreso Mínimo Vital no está desincentivado a buscar trabajo” sino que podría incluso ser positivo para la búsqueda de empleo y la reactivación personal, asegura.

Martín lamenta que la medida llegue sin un consenso político “cuando más se necesita” y cuando “la sociedad española se encuentra más madura para recibirlo”. Además, recuerda que ya se encontraba en la agenda política antes de la crisis.

“La pobreza le sale cara a la sociedad”

El Ingreso Mínimo Vital puede ayudar a la economía en tres factores, explica Martín: el primero es la lucha contra el descuelgue de una parte de la sociedad que no podría recuperarse de la crisis del coronavirus. Martín recuerda que ya tras la anterior crisis había en España unas 650.000 familias que no recibían ningún ingreso.

El segundo efecto que tendrá es la transformación de ese dinero en reactivación económica porque se convertirá en consumo. Y existe un tercer factor a largo plazo que es el que ejerce sobre las familias con hijos, que van a “recibir un apoyo que para la igualdad y la equidad en España a largo plazo es fundamental”, defiende el economista.

“A veces tendemos a considerar la pobreza como una adversidad personal, pero deberíamos hacernos a la idea de lo que realmente es también, que es un coste para la sociedad”, añade Torres, quien cree que a la sociedad le conviene erradicar la pobreza y con ella el gasto sanitario o la mano de obra menos cualificada.

Un coste fiscal "mínimo"

El Gobierno calcula que el Ingreso Mínimo Vital supondrá un coste anual de 3.000 millones de euros a las arcas del Estado, un montante comparable a los ingresos que pagamos por la deuda. “Hemos llegado a pagar diez veces más por esos intereses”, subraya Juan Torres. Pero cree que referirse a ello como 'coste' no sería apropiado teniendo en cuenta que prácticamente en su integridad se va a convertir en ingresos de las empresas.

Para José Moisés Martín esos 3.000 millones son un esfuerzo fiscal muy pequeño que sin embargo va a tener un gran efecto porque “en España el gasto social está muy mal distribuido” y llega más a las clases altas que a las bajas.

Una de las medidas que se plantean para pagarlo es un nuevo impuesto al patrimonio. Martín, por su parte, defiende una reforma fiscal en profundidad a largo plazo que permita tener ingresos suficientes en la media de la UE con una recaudación de ingresos más progresiva. Ambos economistas coinciden en que el planteamiento politizado del problema es desacertado y en que es necesaria una reforma con mayor justicia y equidad.