Toda una generación de niños perdida en Nigeria

Una infancia perdida en Nigeria entre el fuego cruzado de Boko Haram, los abusos del ejército y el olvido de la comunidad internacional es el panorama que dibuja Amnistía Internacional en su último informe sobre el país. Los niños y niñas están siendo los más perjudicados del conflicto que libra el grupo terrorista con el ejército nigeriano en el noreste del país.

La investigadora de Amnistía Internacional, Olatz Cacho, explica que han documentado una “increíble retahíla de abuso de los derechos humanos, algunos de ellos constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

Boko Haram se creó en 2002 como un movimiento religioso e intentando implantar en esta región de Nigeria una interpretación muy radical contraria a una educación laica, asegura Cacho. Como consecuencia, ha realizado brutales ataques a escuelas, lo que ha dejado sin acceso a la educación a miles de niños y niñas.

Además, se dan secuestros de niñas para obligarlas a casarse con los miembros de la banda como ocurrió con las niñas de Chibuk. Muchas de ellas no tienen posibilidad de moverse ni de socializar, son violadas y tienen hijos de sus agresores. Esto les provoca un estigma si logran escapar y llegar a otras comunidades donde piensan que se han casado voluntariamente o tienen afinidad con Boko Haram.

Detenciones ilegales en los planes de reinserción

Las donaciones internacionales financian programas como “Operación corredor seguro” para reintegrar a los jóvenes excombatientes que se hayan rendido, pero esos programas se convierten en una forma de detenciones ilegales porque “parten de un concepto erróneo por parte del Gobierno de Nigeria de que toda persona que sale de allí es sospechosa de ser miembro del grupo terrorista”, asegura la investigadora.

Así, se les detiene ilegalmente y “quienes consideran que son menos propicios a radicalizarse pueden aterrizar en este programa”.

Hay unos 3.000 menores bajo custodia militar en ese programa. A la mayoría de hombres y niños del centro no se les ha informado del motivo de su detención y se les ha retenido de forma indefinida sin saber de cuánto va a durar. Aunque las condiciones son “mejores que las de los centros de detención nigerianos, se trata de oficializar una detención ilegal que no tiene ningún proceso judicial”, denuncia Olatz Cacho.