La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Trapero por sedición

Madrid

El fiscal reclama 10 años de cárcel por sedición para Josep Lluís Trapero y sus jefes políticos, Pere Soler y César Puig, y 4 años para la intendente Laplana por el mismo delito.

Alternativamente, si el tribunal no contempla sedición, el fiscal pide que sean condenados por desobediencia, que conllevaría multas e inhabilitación por 1 año y ocho meses.

El fiscal sostiene que Trapero ideó mecanismos para que los Mossos no cumplieran las órdenes del Ministerio Público y el TSJ en las fechas anteriores al referéndum ilegal, y durante el mismo 1 de octubre.

El otro gran juicio del 'Procés'

Después de casi tres meses de pausa por el coronavirus, esta mañana se ha retomado el otro gran juicio del Procés, la causa contra el mayor Trapero y la cúpula de los Mossos d’Esquadra y el Departament d'Interior, por la actuación de la policía catalana durante el otoño caliente de 2017.

El primer día de juicio, el 20 de enero, el fiscal Miguel Ángel Carballo ya anunció que “en el momento oportuno” consideraría “la conveniencia de calibrar la acusación”, a la luz de la sentencia del Procés en el Tribunal Supremo, que condenó a los líderes independentistas por sedición y no rebelión, como pedía el ministerio público.

La pena alternativa ofrecida por el fiscal abre la puerta a una condena sin prisión, aunque sí con de multa e inhabilitación, lo que en el caso del mayor Trapero supondría su expulsión del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Lo mismo le pasaría a la intendente Teresa Laplana, que enfrenta 4 años acusada de sedición por su actuación durante el cerco del 20 de septiembre en la Conselleria de Economia. La modificiación en la petición de penas también ser hará extensible a los otros dos acusados, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario de Interior, Cèsar Puig. Ambos enfrentan hasta hoy 11 años de cárcel, acusados de rebelión.

El delito de sedición contempla una amplia horquilla de condenas. De ser considerados autores principales, los acusados podrían ser condenados a penas de más de 10 años de prisión. Sin embargo, si se les trata de cooperadores necesarios, las penas se reducen como en el caso de Teresa Laplana, a 4 años de cárcel.

La semana próxima, los acusados viajarán a Madrid, a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, para encarar los informes finales y el último turno de palabra de los procesados. Las defensas mantienen la absolución de sus clientes y consideran que el juicio dejó patente el divorcio de los Mossos con los planes del Govern de Carles Puigdemont. “Les dejé claro dónde iban a estar los Mossos, que íbamos a hacer siempre lo que nos dijeran los jueces”, sentenció una vez tras otra el Mayor del cuerpo ante el tribunal, a quien reconoció su tristeza: “Desde la tristeza no, lo siguiente. Es como yo me siento después de haber estado imputado en un delito de sedición por hacer mi trabajo lo mejor que pude”. También el exdirector político del cuerpo descartó ninguna injerencia de su superior, el conseller Joaquim Forn, condenado por el supremo a 10 años de prisión: “En ningún momento el conseller me pidió que yo hiciera que los Mossos estuvieran por la defensa del referéndum”.

Sin embargo, el testimonio clave de la Fiscalía, el Coronel Diego Pérez de los Cobos, fue contundente: “Él era el jefe de un cuerpo obligado a impedir el referéndum y, sin embargo, estaba en las reuniones totalmente alineado con los argumentos de los convocantes de una votación que se le había ordenado impedir”, aseguraba respecto al mayor Trapero. Las conclusiones de este juicio coinciden, precisamente, con la destitución del coronel, en relación a un informe con valoraciones subjetivas, que puede servir de munición a las defensas.

El día 15 de junio, están previstas las conclusiones definitivas de las defensas, que insistirán en la absolución de los acusados, y para los informes del Ministerio Público. Los siguientes dos días, el 16 y 17 será el turno de los informes de las defensas y la oportunidad para los acusados de hacer uso de la última palabra antes de que el juicio quede, definitivamente, visto para sentencia.

La defensa celebra el cambio

La abogada del Mayor Trapero, Olga Tubau considera una “buena noticia” la introducción del delito de desobediencia como pena alternativa. La letrada considera que “el simple hecho de plantear una alternativa revela que la propia Fiscalía tiene serias dudas de que el tribunal pueda condenar por sedición después la práctica de la prueba en el juicio oral”. “Es la evidencia ahora verbalizada de que el juicio no ha mostrado elementos suficientes para la sedición”, concluye Tubau.

La defensa de Trapero mantiene que no les representará “ninguna sentencia que no sea la de la absolución” y habla de “desierto probatorio de la Fiscalía para acreditar tanto la sedición como la desobediencia”. La letrada ha explicado a la salida de la Audiencia de Barcelona, donde se ha celebrado la vista, que la inhabilitación “no es una condena menor”. Asegura que “para un policía es un reproche gravísimo”. No solo porque esté en duda la actuación policial que llevaron a cabo, sino porque “es una pena que condena a no poder seguir haciendo su profesión y [tanto Trapero como Laplana] quieren seguir siendo policías”.