Un alto cargo del PP de Cantabria es abogado de una acusación popular en la causa del 8-M

Madrid

El abogado que representa a una de las acusaciones populares de la causa que investiga la convocatoria del 8-M feminista en Madrid, Javier Noriega, es alto cargo del Partido Popular de Cantabria y fue uno de sus candidatos de la formación conservadora al Congreso en las dos elecciones generales del año pasado. Noriega, abogado desde mediados de los noventa, ha presentado escritos en nombre del denunciante Víctor Valladares y forma parte en la actualidad del Comité Ejecutivo Regional del PP y preside su Comité de Derechos y Garantías.

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Es la causa por la que este martes tendrá que declarar como investigado José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel y en la que Valladares ha solicitado sin éxito la imputación del jefe del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. La magistrada, tras la denuncia presentada por Valladares en marzo, investiga si el representante del ejecutivo central pudo incurrir en un delito de prevaricación al no prohibir la manifestación feminista a pesar del avance del coronavirus.

Noriega, que según las bases de datos del Consejo de la Abogacía Española ejerce como letrado desde 1996, ocupa según la página web del PP cántabro la presidencia de su Comité de Derechos y Garantías desde marzo de 2017 y forma parte del Comité Ejecutivo Regional desde esa misma fecha. Fue, además, número cuatro en la lista del PP al Congreso por Cantabria en las dos citas electorales generales del año pasado sin conseguir sacar escaño.

La magistrada que lleva las riendas de la instrucción ha aceptado la presencia de diversas acusaciones populares en la causa contra Franco en las últimas semanas: entre ellas, además del denunciante representado por Noriega, está Manos Limpias - cuyo presidente, Miguel Bernad, está siendo juzgado en el caso AUSBANC - la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, la Asociación de Consumidores José María Mena y varios familiares de fallecidos por el COVID-19.

Declaración de José Manuel Franco

Si no hay cambios en la agenda de la magistrada este martes tomará declaración como imputado a José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE regional, acusado de un delito de prevaricación. La jueza indaga si delinquió al permitir la celebración de grandes concentraciones como el 8M feminista a pesar del avance en ese momento del coronavirus.

La causa, que arrancó tras la denuncia del ex abogado Víctor Valladares, condenado por estafar y engañar a diversos clientes tal y como reveló la Cadena SER, incluye dos informes de la Guardia Civil y otros dos del forense del juzgado que apuntan no sólo a Franco sino incluso a Fernando Simón como responsables de haber permitido una manifestación que aumentó los contagios y la propagación del virus a pesar de tener información que lo desaconsejaba. "La hecatombe se veía venir", dice el último informe forense aportado al caso.

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Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido el archivo de la causa acusando a la magistrada de impulsar una "causa general" contra la gestión de la crisis del coronavirus y acusando a los informes elaborados por la Guardia Civil de incurrir en "errores graves", pretensiones rechazadas de plano ayer por la instructora alegando que, precisamente, las reticencias de la Delegación a entregar documentación han influido en la gestión de la causa. Tanto la Guardia Civil como el forense se hacen eco, entre otras cosas, de una conversación previa a una entrevista de la ministra Montero en la ETB en las que atribuía el descenso de participación del 8M al miedo al virus.

"No cobro un euro"

En su cuenta de Twitter el abogado ha asegurado que "no cobro ni un euro de la política ni del PP. No tengo ninguna incompatibilidad para desarrollar mi actividad profesional que es la abogacía", algo que no ha sido afirmado en ningún momento en esta información, y cargando contra el "Gobierno de la infamia y sus palmeros".