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Lavapiés, un barrio que no deja a nadie atrás gracias al trabajo en red

Los colectivos formados por migrantes son los únicos que continúan abiertos durante el mes de agosto y hasta sus puertas llegan cada día a pedir comida personas de todas las nacionalidades, también españoles

La asociación Valiente Bangla y la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE) están situadas en la calle Provisiones del madrileño barrio de Lavapiés. Desde sus locales organizan la ayuda que lleva a los vecinos incluso durante el mes de agosto, cuando la mayoría de despensas solidarias han cerrado. / Oxfam

Madrid

La magnitud de la crisis social ha desbordado las previsiones y durante todos estos meses hemos visto multitud de pequeñas iniciativas solidarias y bancos de alimentos que se ponían a disposición de las personas que lo necesitaban. Con la llegada del verano y la paulatina reincorporación de los trabajadores a sus empresas, de aquella solidaridad queda cada vez menos.

Lavapiés es uno de los barrios más populares y también más humildes del centro de Madrid. Desde hace décadas, es un ejemplo de todo tipo de luchas, en el que conviven multitud de nacionalidades y donde se pueden escuchar decenas de idiomas en apenas unos metros. La calle Provisiones, particularmente, es un ecosistema en sí mismo. Allí encontramos al colectivo Valiente Bangla, que agrupa a la comunidad bangladeshí y a unos metros a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE). Muchas de las personas que forman estos colectivos conocen de cerca el sufrimiento y la pobreza. Algunos llegaron hace años atravesando la ruta del Mediterráneo tras cruzar a pie el desierto del Sáhara. Otros, todavía malviven con trabajos informales que apenas les permiten llegar a fin de mes o enviar remesas a sus países de origen. Seguramente, fruto de esas experiencias, son ellos quienes tienen más conciencia de la importancia y la fuerza de lo colectivo, de lo común.

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La emergencia social no cesa tampoco en verano. Según datos del propio ayuntamiento de Madrid, el 38% de los hogares de la ciudad han visto reducidos sus ingresos por la crisis. En el informe titulado Estudio sobre el Impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid se señala también que las mayores caídas de ingresos se han dado en aquellos hogares que ya tenían rentas más bajas antes de la crisis. Y lo que es peor: el propio consistorio prevé que el 22% de la población necesitará acudir a los servicios sociales durante los próximos meses.

Desde el primer momento, ambos colectivos decidieron ponerse manos a la obra para ayudar a su barrio y a su comunidad. Con muchas de las despensas de comida cerradas durante el verano, la comunidad bangladeshí y la senegalesa son dos de los tres bancos de alimentos que quedan abiertos en el barrio de Lavapiés. Hasta sus puertas llegan a diario personas de todas las nacionalidades, también españoles: “Nosotros lo hacemos porque sabemos que si no, nadie lo va a hacer”, cuentan los senegaleses. Por su parte, Mohammad Fazle Elahi, presidente de Valiente Bangla tiene claro que el trabajo que desarrollan no debería ser el suyo: “Es una vergüenza. Este es un trabajo que debería hacer el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que la gente vuelva a tener una vida normal”, exclama.

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Lo que hace único a Lavapiés es que funciona en red. No son pequeñas iniciativas aisladas, sino que son colectivos que se coordinan entre ellos para asistir a sus vecinos. En un tiempo en el que, desgraciadamente, escuchamos con frecuencia ciertos discursos de odio sobre los inmigrantes, son precisamente ellos quienes ahora ponen toda su energía en ayudar a quien llegue hasta sus puertas, por encima de papeles, empadronamientos o nacionalidades.

El entramado asociativo del barrio no se limita a proveer de alimentos a quien lo necesita, sino que va más allá. Uno de los principales problemas con los que se encuentra el colectivo migrante del barrio es la cuestión del idioma. A pesar de que muchos llevan años aquí, no necesariamente todos hablan bien español. La figura del intérprete y el servicio de traducción que puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena en los centros de salud de Madrid, se eliminó el mismo día en el que se decretó el estado de alarma y, con él, se limitó, de facto, el derecho a la salud de miles de personas.

Para ayudar a que la asociación Valiente Bangla continúe desarrollando su actividad puedes realizar una donación en este número de cuenta / Cadena SER

El pasado 26 de marzo, en el comienzo de la pandemia, fallecía a los 67 años en su domicilio Mohammed Abul Hossain, un vecino que después de estar seis días llamando al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid para atender posibles casos de coronavirus, no logró hacerse entender. Bajo el lema ‘¿Cómo quieres que me cuide si quien me cuida no me entiende?’, la Asociación Valiente Bangla, la Red Interlavapiés y la Red Solidaria de Acogida pusieron en marcha un servicio de traductores voluntarios a disposición del colectivo migrante: Intérpretes para sanar.

A día de hoy, los colectivos continúan reivindicando la vuelta de los intérpretes a los centros de salud y a los hospitales. Del grupo de voluntarios muchos se han tenido que reincorporar a sus puestos de trabajo. Ese es el caso de Manik, que trabaja como cocinero en uno de los restaurantes de Alberto Chicote: “Cuando empezó el virus, mucha gente no podía llamar porque no sabía hablar (español). Juntos hicimos este grupo de intérpretes para trabajar voluntarios pero, ahora, yo tengo que vivir. No puedo seguir haciendo tanto voluntariado. Pido, a quien sea, que ponga traductores”, relata.

Miembros de la asociación Valiente Bangla durante una protesta por la regulación de los inmigrantes indocumentados / Twitter

El modelo de organización del trabajo voluntario en red de barrio se ha mostrado verdaderamente eficaz para no dejar a nadie por el camino pero, en un colectivo, siempre hay inevitablemente personalidades que destacan. Tanto los senegaleses como los bangladeshíes hablan de Pepa Torres como una de las figuras que les da energía y los anima a seguir adelante con sus luchas. Pepa es una vecina que lleva 13 años residiendo en el barrio y que pertenece a la Red Interlavapiés que agrupa a varios colectivos: “Somos una red de apoyo, la mayoría del barrio. Tanto autóctonos como migrantes, e incluso gente que ya no vive aquí, pero sigue formando parte de ella, que luchamos contra las fronteras y la precariedad”, explica. Ella mantiene un contacto diario con la mayoría de las asociaciones de la comunidad y, por cómo relata todo lo cuenta, se la ve convencida del trabajo que lleva a cabo a diario. “Decimos que somos como la red de un circo: cuando el trapecista cae, la red impide el golpe. Pero por otro lado, la red también te permite dar el salto y que quien haya caído pueda volver a tener un lugar de integración social”.

Clama por una regularización porque, según relata, “muchos de los problemas de nuestros vecinos se solucionarían con una regularización”. Los bangladeshíes y los senegaleses están cargando sobre sus hombros la tarea de que el flujo de solidaridad continúe funcionando en Lavapiés: “Esta crisis ha puesto de manifiesto que las comunidades migrantes aportan riqueza al barrio, lucha y resistencia”, asegura Pepa.

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Durante los últimos meses hemos visto en los medios de comunicación las precarias condiciones de vida de los temporeros en Lleida o Huelva que se repiten también en las ciudades de forma endémica. A muchos de estos migrantes, en las ciudades, estamos acostumbrados a verlos vendiendo latas de cerveza en los parques, intentando colocarnos una rosa de plástico durante una cita o detrás del mostrador de una tienda de tecnología. En definitiva, en trabajos que, a priori, son de todo menos estables. “El centro de Madrid es un lugar de explotación y lo que ha hecho la pandemia es revelar ese agujero negro en el que viven muchos vecinos del barrio y que son invisibles”, reflexiona Pepa.

¿Hasta cuándo aguantará la solidaridad? ¿Se está aprovechando la Administración Pública de la buena voluntad de los vecinos? “El hecho de que la Comunidad de Madrid se plantee que los rastreadores han de ser voluntarios nos parece el colmo de esa utilización y de esa manipulación. La sociedad civil tiene un aporte en la construcción de este tejido de emergencia, pero la responsabilidad es pública y tiene que ser política. Estamos dispuestos a colaborar, pero no a suplir lo que es competencia del Estado y de la Administración”, concluye Torres.

Daniel Sousa

Daniel Sousa

Es redactor en EL PAÍS Audio y colabora en ‘A Vivir que son dos días’ de la Cadena SER. Ganador del...

 
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