La mayoría de los inmigrantes que llegan a Canarias en las últimas semanas no reciben asistencia jurídica

Madrid

Las imágenes vergonzosas de miles de personas hacinadas en condiciones infrahumanas en pocos metros cuadrados que vemos desde hace meses en Arguineguín esconden muchas más vulneraciones de sus derechos que las que se ven a simple vista.

Según ha podido comprobar la Cadena SER después de recibir denuncias de numerosos letrados de Gran Canaria, pero también de Lanzarote y Tenerife, donde suceden otros tipo de vulneraciones, desde hace meses no se está garantizando la mínima asistencia letrada a los inmigrantes.

No tienen acceso a ver su abogado, no tienen ni siquiera su nombre, no ponen traductores de sus lenguas maternas, y, según denuncian distintos abogados que se han puesto en contacto con la SER, muchos traductores se limitan a traducir que firmen el papel de turno. De hecho, estos abogados aseguran que solo disponen de un traductor por patera o cayuco, en ocasiones compuestos por más de 160 viajeros.

Pero lo más preocupante es, según numerosos testimonios de abogados que se han puesto en contacto con la SER, que a la gran la mayoría de los llegados en las últimas semanas se les está abriendo orden de expulsión que la Policía notifica a los abogados en comisaría y los letrados las firman sin ni siquiera haber tenido contacto alguno con su cliente.

Se firma la recepción de la orden de expulsión sin que el destinatario de ese expediente lo sepa ni haya sido informado ni siquiera de que tiene derecho a que su abogado se reúna con el para informarle de todo el proceso. Esto ha generado mucho malestar entre los letrados que existen que no se firmen esas órdenes porque se está vulnerando la asistencia letrada mínima de los inmigrantes. Muchos no acuden al puerto porque la Policía les dice que son los propios abogados los que tienen que garantizarse sus equipos de protección EPIS, pero "esto no puede ser una excusa", denuncian otros operadores jurídicos.

El Colegio de Abogados de Las Palmas ha recibido muchas quejas de sus colegiados denunciando las trabas de la Policía, que les dice a los letrados que no les puede proporcionar equipos EPI para acudir al muelle a tener la entrevista privada oportuna que reconoce la ley con sus defendidos. El representante de la comisión de Extranjería y turno de oficio del Colegio señala a la SER que al menos en "la mitad de los casos" los abogados no están acudiendo al muelle y firman la notificación de la orden de expulsión del inmigrante en la comisaría sin que el cliente lo sepa, ni haya visto antes al abogado al fiscal y al juez como marca la ley. Dice este portavoz, Kabir Vaswani, que sucede sobre todo en la comisaría de Maspalomas.

En el colegio hay 15 quejas formales de letrados, pero hay muchos más que han muestran su malestar por otras vías. Varios han acudido al Defensor del Pueblo. Vaswani asegura que, además, el Colegio se ha quejado de estas prácticas ante la Delegación del Gobierno en las islas y que están preparando una denuncia ante los tribunales por esta "indefensión jurídica".

"La Policía nos dice que ellos pueden trasladar al muelle al abogado que quiera ir, pero que no le dan ninguna medida sanitaria, ni mascarilla ni EPIS, que eso lo tiene que traer el letrado y ante esa situación muchos compañeros reculan", reconoce Vaswani, que anuncia esas acciones judiciales por "las condiciones infrahumanas en las que están ahora en Arguineguín", y que pondrán en duda el concepto jurídico bajo el que se ampara ese polémico campamento.

"Esos 2.200 del fin de semana no han recibido asistenta letrada, no han pasado por el juzgado, no lo ven el fiscal ni el juez y no están asesorados como marca la ley. Lo mismo la práctica totalidad de los que han llegado en las últimas semanas", explica a la SER otra fuente jurídica conocedora de los fallos del procedimiento.

El juez de control ratifica las carencias

"Hemos comprobado en un caso de 42 jóvenes que nos trajeron al CIE que no se esta cumpliendo con la asistencia jurídica correspondiente. Hemos tenido reuniones con el decano del colegio y con los abogados correspondientes y con algunos responsables para buscar una solución. Una de ellas es formar mejor a los abogados del turno de oficio en materia de Extranjería. Un abogado que atiende a un inmigrante tiene que saber de Extranjería", reconoce a la SER Arcadio Díaz Tejera, juez de vigilancia y control del CIE de Gran Canaria. Este magistrado recuerda el caso reciente en el que tuvo que explicar a una abogada que su defendido era un albino de Malí y que tenía que garantizarle su derecho al asilo.

"El campamento de Arguineguín no es legal"

"Deberían estar en un lugar adecuado durante 72 horas, normalmente esto suele ser en comisaría o centros habilitados, en las que la Policía hace PCR, la filiación, etc. Pero es que hay casos documentados que están en Arguineguín hasta 15 días, no tienen cobertura legal. ¿Quién supervisa esto?", se pregunta un letrado indignado.

"Se actúa de facto, es un campamento donde hay una situación de hecho sin cobertura jurídica. Todos tendrían que pasar por la comisaría y de la comisaría al juzgado, el abogado debería tener una conversación privada con su idioma materno, en Wolff o lo que sea y después comparece ante el juez y el fiscal pide internamiento en el CIE si es susceptible de expulsión, y si no van a un recurso social. Excepto el que ha dado positivo o está en cuarentena, todos los demás están en situación de libertad, nadie entiende por qué siguen allí si no tienen orden de detención pero están privados de libertad", se queja otra abogada.

"Muchos abogados están firmando las órdenes de expulsión sin ni siquiera ir al muelle, es un escándalo"

"El letrado va comisaría, la Policía le notifica al letrado la orden de expulsión, el letrado puede decir que quiere hablar con su defendido, la gente en muchos casos le dice que tiene que para eso tiene que ir a Arguineguín, pero la Policía le dice que el EPI es asunto suyo, entonces muchos letrados no lo hacen. No es excusa, una mascarilla la tiene cualquiera, un abogado podría llevar un equipo mínimo y acudir", se queja amargamente ese veterano operador jurídico de la isla.

"Con orden de expulsión lo normal es que el letrado acuda a hablar con su defendido y en presencia de su traductor correspondiente. No hay excusa con que esté desbordado el policía o el abogado, cada uno tiene derecho a una conversación privada y con su intérprete en idioma materno, porque la administración suele ponerlos en inglés y francés y hay que conseguir que llegue la información. Y ya después Fiscalía pedirá lo que sea y el juez tiene la facultad de explicar la protección internacional y el derecho de asilo", detalla .