"Lo normal es que la Agencia Tributaria hubiera abierto investigaciones porque había indicios de fraude"

Madrid

Este domingo, el diario 'El País' ha publicado que el rey emérito ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal. Según este periódico, la regularización está relacionada con el uso —por parte de Juan Carlos I y de algunos familiares— con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano. Ésta es una causa que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pero el rey emérito tiene otras dos. En este sentido, el presidente de Gestha, la Asociación de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha explicado en 'Hora 14 fin de semana' cómo se hace una regularización de este tipo.

En este sentido, Cruzado ha señalado que "si esto se ha llevado a cabo, se está reconociendo que en el correspondiente ejercicio en el que se incluye esta cuantía con un incremento, no se había reflejado correctamente esta parte" cuando se le ha preguntado si este pago supone el reconocimiento de que se ha defraudado a Hacienda. El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda también ha respondido a si estas regularizaciones son voluntarias o si la Agencia Tributaria ya había abierto investigaciones. "Lo normal es que la Agencia Tributaria hubiera abierto esas investigaciones porque había indicios de fraude fiscal", ha contestado.

¿Cómo se hace una regularización de este tipo? ¿Qué porcentaje hay que pagar o hay algún tipo de sanción?

Hay que hacer una declaración complementaria. En este caso sí es un incremento del patrimonio que no se incluyó en la correspondiente declaración de la renta, es una complementaria con respecto a ese mismo año, se liquida la diferencia y hay que pagar esa cuota junto con un 20 por ciento de recargo después de un año de no haberla presentado y los intereses de demora correspondientes.

Lo que tiene que quedar claro es que debe de ser una una regularización completa y veraz. Quiero decir, que si posteriormente aparecieran otros ingresos que no se hubieran incluido o incrementos de patrimonio en ese año regularizado, pues no tendría efectos esta regularización. Si está la tiene, si tiene efectos, lo que conlleva es que sobre esa partida no podría ni ponerse ninguna sanción ni tampoco procesarse por delito fiscal.

¿Pagar supone el reconocimiento de que se ha defraudado a Hacienda, de que ha habido irregularidades?

Sin duda, si esto se ha llevado a cabo, se está reconociendo que en el correspondiente ejercicio en el que se incluye esta cuantía con un incremento, no se había reflejado correctamente esta parte. En definitiva, se está reconociendo un fraude fiscal que en el caso de que esa cuota que nos hubiera pagado en su momento superaba los 120.000 euros, estaríamos hablando de un delito fiscal.

Hablamos del año 2016 a 2018, si ha habido irregularidad, ¿esto ha prescrito?

No, no ha prescrito. En principio, la prescripción administrativa sería desde el año 2015, son cuatro años desde el momento de la presentación, pero en el caso de los delitos hay que tener en cuenta que la prescripción son cinco años y en su caso, en el caso de que fuera un delito agravado, según las circunstancias que concurrirán, serían diez años. En todo caso, el ejercicio 2016 ni siquiera está prescrito administrativamente, con lo cual por supuesto que se podrían haber iniciado las investigaciones correspondientes por parte de la Agencia Tributaria. Esta regularización, si es cierta, lo que también demuestra es que la Agencia Tributaria no había abierto esa investigación a comprobación sobre el rey emérito, puesto que si no, no podría realizarse a la regularización.

Una regularización de este tipo ¿se hace de forma voluntaria o se presenta después de actuaciones de la Agencia Tributaria? ¿Cómo se hace normalmente?

Debe ser voluntaria, espontánea, de manera que si la Agencia Tributaria ya hubiera notificado cualquier procedimiento de investigación o inspección, no podría hacerse la regularización. Al igual que tampoco si hubiera sido notificado el rey emérito por parte de la Fiscalía de estas investigaciones, o bien se hubiera presentado por la Fiscalía la correspondiente denuncia.

¿Después del goteo de informaciones de los últimos meses, la Agencia Tributaria no había abierto por sí misma una investigación al respecto?

Esto es lo que queda claro tras esta noticia, y es algo que desde mi organización venimos planteando, desde que empezaron a hacerse públicos esos indicios que entendemos que habría para abrir la investigación, venimos pidiendo a la Agencia Tributaria que lo hiciera y no se ha hecho ni cuando se publicaron esas conversaciones de Corinna, ni tampoco en el mes de marzo, cuando el actual Rey, hizo aquel comunicado en el cual la Casa Real apartar de la asignación real al rey emérito y reconoce de alguna manera resistencia de esas fundaciones.

¿Y es lo habitual que la Agencia Tributaria no mueva ficha?

Lo habitual es que cualquier contribuyente respecto del cual quien dice es la Agencia Tributaria de que pueda haber un fraude tributario, habrá esas actuaciones. Y en este sentido es en el que estamos pidiendo que, como cualquier otro contribuyente, la Agencia Tributaria hubiera iniciado estas investigaciones.

Con esta regularización, en caso de que llegara a término, ¿se desactiva cualquier posible reproche penal? ¿Se desactiva la investigación de la Fiscalía del Supremo?

En este caso la Fiscalía, según se ha publicado, lo que estaría investigando son la procedencia de los fondos que el empresario mexicano habría hecho llegar a través de esta cuenta al rey emérito y a los familiares que hubieran que habrían utilizado estas estas tarjetas. Por tanto, nosotros entendemos que debería de aceptarse como un anticipo a cuenta estas cantidades que ha podido pagar como consecuencia de una regularización el rey emérito. Pero proseguir con la investigación, ya que si la investigación concluyera que hubiera fondos en el extranjero a través de los cuales estuvieran haciendo estos ingresos por parte de esta persona, como supuesto testaferro, estaríamos hablando de otra cuestión que no está cubierta por la regularización.