Lunes, 01 de Marzo de 2021

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El Gobierno dice a Bruselas que no cierra la puerta al aumento del periodo de cálculo de la pensión

Aunque no cifra la posible subida en el documento de reforma de pensiones que ha remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo cree que esa medida favorece "la progresividad y el carácter contributivo del sistema"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. / MINISTERIO DE TRABAJO (MINISTERIO DE TRABAJO)

El Gobierno ya ha enviado a Bruselas sus proyectos de reforma del mercado laboral y de las pensiones, los que más expectación habían levantado por la posibilidad de que incluyesen hipotéticas contrapartidas al desembolso multimillonario que llegará desde Europa para combatir los efectos económicos del covid.

Y aunque los textos no plantean medidas cerradas (de hecho, se han mantenido intencionadamente abiertas, según el ministerio de Economía, para concretarlas "en el marco del diálogo social"), sí que recogen parcialmente una de las medidas que más polémica ha suscitado en los últimos días.

Aumentar el periodo de cálculo

Se trata de la posibilidad de aumentar el periodo de cálculo de la pensión; una medida que supuestamente el ministro de Seguridad Social habría presentado hace semanas en el seno del Gobierno, planteando que un aumento en el número de años con el que se computa la cuantía de las prestaciones de 25 a 35 haría disminuir un 5% las pensiones.

Aunque José Luis Escrivá siempre lo ha negado ("Nunca me habrán oído hablar de 35 años", decía ayer en rueda de prensa) lo cierto es que la propuesta de reformas en materia de pensiones enviada a Bruselas recoge, sin cifras, esa medida.

Las principales reformas

El documento de pensiones incluye nueve encabezados que recogen las principales reformas que planteará el Gobierno español. Y según el texto facilitado por el Ejecutivo a los agentes sociales, al que ha tenido acceso la SER, en la reforma 4, "adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral", se plantea "ampliar [...] el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva".

Con esta medida, según el documento, se aumentaría "la progresividad y el carácter contributivo del sistema", porque en un momento en el que "las interrupciones y las lagunas [en la carrera profesional] son cada vez menos excepcionales [...] [l]a posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo simultáneamente descartar los años en los que apareciera este perjuicio no solo daría una imagen más fiel del esfuerzo contributivo de los trabajadores sino que permitiría corregir situaciones de injusticia actuales en la que los últimos años de la carrera laboral están particularmente primados".

Dos medidas que ya han arrancado

Además de esa reforma, el documento de pensiones se refiere a dos medidas que ya han empezado a adoptarse (el traspaso de gastos que la Seguridad Social asume impropiamente al Estado y el impulso a los sistemas complementarios de pensiones), otras de próxima aprobación (la creación de un nuevo complemento de maternidad que sustituya al anulado por la justicia europea en 2019), otras previstas para los próximos meses (un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones vinculado con el IPC y la creación de mecanismos que alineen de forma voluntaria la edad real de jubilación con la legal), un aumento de la base máxima de cotización acompañado de un aumento "concurrente" de la pensión máxima, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad (que fue incorporado en la reforma de 2013 pero que no ha llegado a ponerse en marcha) y un nuevo sistema de cotización para los autónomos para que aporten en función de sus ingresos reales (previsto para 2022).

Mercado de trabajo

Además de las líneas generales de la reforma de pensiones, el Gobierno ha remitido también a la Comisión el de reformas en el mercado de trabajo, que incluye 17 grandes epígrafes con varias medidas en cada uno. Entre las más destacadas se cuenta la conversión en permanente del mecanismo de los ERTE, puesto en marcha durante la pandemia de forma excepcional, creando para ello un "Fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE", es decir, que las ayudas las paguen empresas, trabajadores y Estado en vez de sólo el Estado, como sucede ahora.

Además, se plantea la "reducción del exceso de temporalidad" con las fórmulas de la reordenación de las modalidades contractuales y la penalización del "uso excesivo de los contratos de corta duración"; también abordar algunos de los aspectos de la reforma laboral de 2012 que el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos singularizaba (vigencia de los convenios una vez caducados, prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, el poder del empresario para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y la subcontratación). Se propone asimismo una regulación sobre los 'riders' que garantice "un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas" y modernizar los servicios públicos de empleo usando "Inteligencia Artificial y Big Data para automatizar y mejorar la detección del fraude".

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