Martes, 02 de Marzo de 2021

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El tabú del incesto: "Estamos fallando a los niños abusados dentro de las familias"

Hablamos en La Ventana sobre la violencia sexual a menores a raíz del 'Me Too Incest' desatado en Francia por un libro sobre el abuso a un adolescente por parte de su padrastro. 'Una de cada dos denuncias por abusos y agresiones sexuales en España tienen como víctima a un menor, y de ellos la mayoría procede de la propia familia', explica Andrés Conde, director general de Save The Children

Es una realidad transversal, ocurre en todas las culturas y ha ocurrido en todas las épocas. Sin embargo, el incesto y los abusos sexuales a menores  en el seno de la familia continúan silenciados como uno de las grandes tabúes que persisten en las sociedades contemporáneas. La reciente publicación de 'La familia grande', un libro escrito por la profesora de Derecho, Camille Kouchner,  ha abierto la caja de los truenos en Francia, al relatar los abusos sexuales que sufrió su hermano mellizo cuando tenía 14 años por parte de su padrastro, el conocido y prestigioso politólogo Olivier Duhamiel.

El libro ha desatado una formidable reacción en las redes sociales donde han aflorado decenas de miles de mensajes de personas que han relatado sus propios abusos o los de conocidos o familiares que hasta ahora no habían salido a la luz. Más allá de las eventuales repercusiones penales, la Fiscalía ya ha abierto una investigación, el episodio ha reactivado el debate sobre si hay que endurecer o no las leyes y ampliar los plazos de prescripción de este tipo de delitos. 

En España, la publicación de 'La familia grande' coincide con el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, popularmente bautizada como la 'Ley Rhodes'. Un texto que 'Save the Children' confía en que mejore la protección de los menores ante unos delitos muy difíciles de denunciar y que en muy pocos casos acaban en un juicio penal. 

'Al tratarse de violencia dentro del hogar y de un tipo de delitos sobre el que hay un gran muro de silencio es muy difícil tener estadísticas fiables. Sin embargo, hay datos oficiales muy reveladores. Por ejemplo, el 48% de las denuncias policiales por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad. Hablamos de casi una de cada dos denuncias. Es un dato estremecedor. Y de esos casos se estima que un 60% corresponde a abusos o agresiones cometidas en el seno de las propias familias', nos ha contado en La Ventana el director general de Save The Children, Andrés Conde. 

"El tabú persiste porque nos falta conciencia pública de la magnitud del problema, porque es algo que produce tan incomodidad y repugnancia que nos cuesta abordar como sociedad. En ocasiones también se silencia dentro de las propias familias por temor a las consecuencias que una denuncia de este tipo puede generar en la estabilidad familiar". 

Conde recuerda que, como en la violencia machista, no existe un 'perfil' de quienes abusan de menores dentro de la propia familia. "No hay ningún sesgo de clase social, económico, formativo, en absoluto. Puede ocurrir y de hecho ocurre en todo tipo de familias". Y tampoco debemos pensar que quienes cometen estos delitos son monstruos o personas con graves trastornos mentales. En la inmensa mayoría de los casos responden a un perfil psicológico normal, son conscientes y responsables penalmente de sus actos. Y no necesariamente pederastas'. 

'Nuestro sistema tiene que cambiar. Muchos casos no se denuncian por la carga psicológica y emocional que supone. Pero es que más del 70% de las denuncias que sí se interponen nunca llegan ni siquiera a juicio, porque se pone en duda el testimonio de los menores. Estamos fallando gravemente a las víctimas', asegura Conde, que reclama un cambio en los procedimientos judiciales, para evitar la revictimización del menor con declaraciones públicas reiteradas, y sobre todo una mayor y mejor formación de todos los agentes que intervienen en un proceso de estas características, desde la denuncia a la instrucción y sentencia final. 

Entre otros aspectos, la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que ahora inicia su tramitación parlamentaria, contempla ampliar los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores, de modo que empiecen a contar a partir de que la víctima ha cumplido 30 años, y no los 18 como hasta ahora. De este modo se persigue ampliar la posibilidad de perseguir y castigar penalmente unos delitos que en la mayoría de los casos las víctimas no consiguen denunciar hasta pasados muchos años, tras haber conseguido procesar psicológicamente lo ocurrido. 

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