Jueves, 04 de Marzo de 2021

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Ministerio de Consumo

¿Qué supone la regulación del consumidor vulnerable?

El Gobierno ha aprobado este martes un real-decreto para proteger a los consumidores vulnerables y ampliar las situaciones en las que un consumidor está en posición de inferioridad con respecto a la empresa u organismo que le vende o presta un producto o servicio. Una medida base que deberá complementarse con normativas más específicas, tal y como señala Bibiana Medialdea, directora general de Consumo.

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¿Qué cambia con este nuevo real-decreto?

La norma modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios y considera consumidor vulnerable a aquella persona que se encuentre en situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial.

¿Y en qué se traduce? La normativa aprobada obliga, por un lado, a las empresas a establecer mecanismos de protección reforzada y los apoyos necesarios para asegurar que las personas están adquiriendo un producto o servicio comprendan toda la información necesaria para tomar una decisión acorde a sus intereses. Y, por la otra, obliga a las instituciones a reforzar la protección de esos colectivos con campañas de información, servicios de reclamación acordes a la complejidad del tema, etc. Es decir, genera obligaciones tanto a las empresas, como a las políticas públicas.

Hasta ahora, la normativa estatal acotaba la figura del consumidor vulnerable al ámbito económico. De ahí la importancia de que el marco aprobado fuera lo suficientemente amplio. Así lo explicaba Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, en Código de Barras: “Hay que entender el carácter de la norma. Es una norma básica. Es una norma que pretende dar un marco a partir del cual se pueden desarrollar, y queremos que se desarrollen, normativas más específicas”.

Con la aprobación de este decreto-ley, ya se consideran como consumidores vulnerables, por ejemplo, aquellos colectivos o personas que no tengan el nivel de digitalización suficiente para hacer compras online siendo conscientes de todos sus derechos; la población infantil, que tiene una vulnerabilidad especial con respecto a la publicidad y a cómo pueden ser influenciados por la misma; o aquellos casos relacionados con una situación concreta, como es la de la España vaciada, en la que sus consumidores pueden tener falta de acceso a ciertos servicios financieros.

Desde asociaciones de consumidores como OCU, CECU, FACUA o ASUFIN, celebran la aprobación de esta normativa marco como primer paso hacia la protección del consumidor vulnerable. En ese sentido, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, recalca que el siguiente paso debe ser vigilar que, en cada normativa sectorial aprobada, el consumidor vulnerable esté recogido y protegido y que las empresas que incumplan tengan una sanción: “Si no hay sanción, una corrección en el mercado, las cosas no funcionan. Muchas veces el abuso está regulado”. Por ejemplo, en la ley hipotecaria o en la normativa de las tarjetas revolving que se acaba de poner en marcha, el consumidor vulnerable no existe.

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¿Cómo se va a desarrollar desde el punto de vista sectorial?

Estamos estableciendo el requisito mínimo a partir del cual ya solo se puede mejorar y concretar la protección”, apunta Medialdea. Un marco a partir del cual desarrollar normativas sectoriales y autonómicas que, además, garanticen que ningún sector pueda regular obviando a los consumidores vulnerables, ni garantice una protección menor a la establecida en esa norma básica.

¿Cómo se van a coordinar con las comunidades autónomas? Dado que las competencias de Consumo están transferidas a las comunidades autónomas, el papel del gobierno central es el de propiciar un marco de cooperación entre los diferentes niveles institucionales y, también, el de impulsar a las comunidades autónomas a que se complete esta normativa base, tal y como explica la directora general de Consumo.

¿Se van a establecer sanciones mayores, disuasorias, a las empresas?

“Sabemos que hay mucho margen de mejora, que hay lagunas importantes, y que las sanciones no puedan ser proporcionales y ejemplarizantes, sobre todo en el caso de las grandes empresas, está haciendo mucho daño a los intereses concretos de las personas consumidoras y a la normativa de consumo para poder protegerlas de forma eficaz”, concluyó Bibiana Medialdea, quien también señaló que es un tema en el que se está trabajando desde su llegada al ministerio y del que “pronto” podrán contar ciertos avances.

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