Lunes, 27 de Septiembre de 2021

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Condenada por ayudar a abortar a una niña de 13 años violada

El código penal venezolano del siglo XIX es uno de los más restrictivos y juzga a activistas como Vanesa Rosales por asistir un aborto. Solo permite abortar en caso de riesgo para la vida de la madre y disminuye la pena si se practica para proteger el honor del hombre

La despenalización del aborto en Argentina, seguida por el debate parlamentario que ha comenzado en Chile, prometía un efecto dominó en América Latina. Sin embargo, parece lejos de llegar a Venezuela, que tiene una legislación sobre el aborto del siglo XIX que solo permite interrumpir el embarazo si está en riesgo la vida de la mujer.

La activista Vanessa Rosales, condenada por asistir un aborto, se ha convertido en un emblema de la criminalización de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela. Selene Soto, abogada de Women’s Link, asegura que “es una muestra de que el Estado venezolano sigue implementando uno de los marcos normativos más restrictivos de Latinoamérica en materia de aborto”.

Vanessa Rosales lleva detenida desde octubre de 2020 y se enfrenta a 12 años de cárcel. Es una joven activista que ayudó a abortar a una niña de 13 años violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años, un vecino de la misma favela en la que ella vive en el Estado venezolano de Mérida.

No fue hasta tres meses de su violación cuando la madre de la menor descubrió que su hija había sido violada y esperaba un bebé. Entonces, pidió ayuda a Vanessa, profesora de su hija y activista por los derechos de las mujeres en Venezuela. Ésta le entregó un abortivo, pero el sangrado que le provocó le obligó a ir al hospital, donde descubrieron que había interrumpido su embarazo.

Cuando la madre de la víctima fue a denunciar la violación a la comisaría, fue detenida por el aborto de la niña y solo puesta en libertad días después por tener menores a su cargo. La niña fue obligada a declarar y desveló que Vanessa le había dado el medicamento que le produjo el aborto, lo que derivó en el arresto de la activista.

El violador, sin embargo, fue detenido y puesto en libertad a las 48 horas por falta de pruebas.

Aborto por cuestión de honor para el hombre

Selene Soto lamenta que, pese a la legislación favorable en el país, Venezuela no haya avanzado en la despenalización del aborto ni en la modificación de un código penal que data de 1873 y que tiene “normas tan arcaicas como el aborto honoris causa, donde se disminuye la pena si se practica para proteger el honor del hombre o su familia”.

Esta legislación tampoco está en consonancia con los compromisos internacionales que Venezuela ha asumido.

El impacto de la emergencia humanitaria en Venezuela en los últimos años ha tenido también “una carga desproporcionada para mujeres, niñas y adolescentes en el país”, en palabras de la abogada, que las deja sin derecho al acceso a servicios sexuales y reproductivos esenciales.

Las organizaciones de derechos humanos perciben que hay “mucho desconocimiento porque no ha habido políticas en este tema”. El gran desafío, dice Soto, es la falta de información oficial. Pero los sondeos a los que tienen acceso indican una opinión favorable a la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como el de la niña a la que Vanessa ayudó.

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