Jueves, 15 de Abril de 2021

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Bruselas da un ultimátum a España por la situación de los interinos en el sector público

La Comisión Europea exige que España reduzca la temporalidad en el empleo público. Una situación con la que llevan lidiando años los interinos y que se ha agravado con la pandemia. Lo analizamos con Jesús Lahera y Manuel Martos.

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Entre las reformas que la Comisión Europea reclama a España, en materia laboral, una viene siendo reclamada por un sector que cuenta con cientos de miles de personas encadenando contratos temporales desde hace décadas: la reducción de la temporalidad en las Administraciones públicas.

Una situación que, además, se ha agravado en los últimos meses: según los datos de la Encuesta de Población Activa, tras el primer impacto de la crisis en el segundo trimestre -en el que la temporalidad cayó por debajo del 27%-, la situación se ha agravado y en el último trimestre del 2020 se superó por primera vez la cifra del millón de temporales en la administración -1.011.500, de los 3.379.100 trabajadores del sector público-, situando así la tasa de temporalidad en niveles nunca vistos en el sector público: en un 29,93% .

“Hasta que no se depuren responsabilidades a los gestores, a los que están permitiendo esta situación, España no va a hacer nada. Ten en cuenta que la directiva europea se tenía que haber transpuesto a la normativa española en el año 2001, sin embargo, ya tenemos una sanción, del año 2012, y estamos siguiendo el hilo del incumplimiento. Lo mismo que está pasando con el personal a la hora de ejecutar las obligaciones marcadas por Europa, el Estado sigue exactamente igual” explica en Hora 25 de los Negocios Manuel Martos, director jurídico del Sindicato SINTEF.

Los trabajadores en esta situación denuncian que, con la concatenación de contratos, carecen de los derechos de los que sí gozan los trabajadores fijos -como las indemnizaciones por fin de contrato-, dificulta su organización a nivel personal -porque no pueden conciliar, ni programar vacaciones, por ejemplo- y pueden verse “en la calle de un día para otro”. Una situación que, además, denuncian, está prohibida en el sector privado, donde los contratos temporales solo pueden encadenarse durante dos años, y que se produce porque se cubren necesidades estructurales con empleos coyunturales.

Jesús Lahera, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, señala que “la jurisprudencia ha ido determinando dos criterios: primero, que es inviable la conversión a fijos de este personal interino, porque vulneraría los principios de mérito y capacidad en el acceso público, y en segundo lugar, lo que está reconociendo en algunos casos son indemnizaciones equiparables a las del despido objetivo, de 20 días de salario por año, que suponen un importante coste a la Administración Pública”.

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