Viernes, 23 de Abril de 2021

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"La Policía no puede entrar sin autorización en un piso turístico en el que se esté celebrando una fiesta"

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, asegura que la inviolabilidad del domicilio se puede aplicar a una habitación de hotel, una chabola, una caravana o un piso turístico

La polémica surgida en los últimos días sobre la posibilidad de que agentes de la Policía entren en domicilios para evitar fiestas ilegales durante la pandemia, usando la denominada "patada en la puerta", sin autorización judicial, ha llevado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a pronunciarse, reiterando que un inmueble utilizado "únicamente y exclusivamente" para la realización de fiestas ilegales no puede ser considerado morada, pues la finalidad de este concepto está ligada a la "intimidad plena" del individuo.

Tras defender que las fuerzas de seguridad actúan contra las infracciones de la ley, entre otras "atajar las fiestas ilegales", Marlaska ha reiterado que el trabajo de los agentes en "modo alguno es violentar o limitar ningún derecho fundamental".

Sobre este asunto, Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha asegurado en Hoy por hoy que la "inviolabilidad del domicilio" es un derecho fundamental y que no se puede entrar en el mismo sin autorización judicial, con permiso de quien lo habita, o en casa de comisión flagrante de un delito.

"El concepto de domicilio es el espacio donde una persona de forma permanente o eventual desarrolla su actividad más íntima: una habitación de hotel, una segunda vivienda, una caravana, una chabola... Es un concepto amplio y un piso turístico también entra en el concepto judicial de domicilio", ha asegurado.

Preguntada sobre si, el hecho de que se celebre una fiesta ilegal puede justificar el acceso de la Policía a un piso turístico sin autorización judicial, Carmona ha respondido que "en ningún caso".

"Celebrar estas fiestas trae consigo la comisión de un ilícito administrativo, pero no es un delito penal. Ni siquiera en ese supuesto las fuerzas de orden público podrían intervenir por la fuerza si no cuentan con una orden judicial", ha añadido.

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