Miércoles, 23 de Junio de 2021

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Guerra a la temporalidad en el empleo

Terminar con la temporalidad en el empleo, asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la ley de 'riders', analizamos con Carlos Bravo, de CCOO, las reformas del mercado laboral y de pensiones que vienen y que ya están en marcha.

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El Gobierno quiere poner coto a los contratos de corta duración. Así lo ha señalado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha defendido que, bajo esta realidad, existe “un elemento cultural y un elemento de abuso del sistema de Seguridad Social” que genera externalidades negativas de todo tipo, y es que uno de cada cinco contratos en España dura un día -unos 5.400.000 contratos de este tipo se firmaron, por ejemplo, el año pasado- y tres de cada cinco duran un mes. Actualmente, los contratos de cinco días o menos tienen 40% de recargo sobre las contingencias comunes lo que supone para la empresa que un recargo de unos 16,5 euros por cada contrato de corta duración de un trabajador con salario bajo. Por eso, en los planes remitidos a Bruselas, el Ejecutivo se ha comprometido a combatir esta realidad a través de un nuevo sistema de incentivos y desincentivos -no multas- que tendrá que estar listo este año.

Carlos Bravo, Secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO, señala en Hora 25 de los Negocios que, hasta ahora, este tipo de penalizaciones no ha funcionado. “No ha disuadido de su utilización, es un problema estructural de nuestro mercado de trabajo desde 1984. Decía el ministro que hay un problema cultural y es verdad, tenemos un nivel abusivo de la contratación temporal, incluso de aceptación social de la misma que tenemos que modificar. Y para eso, me temo que las penalizaciones no sean la solución, más bien, efectivamente, hay que reducir las posibilidades y hay que establecer consecuencias disuasorias, jurídicas, para el uso de la contratación temporal, por la vía del fomento de la estabilidad en el empleo, fomento de la flexibilidad interna” apunta Bravo.

Pensiones

Además, Escrivá ha presentado la necesidad de modificar el factor de sostenibilidad -un mecanismo cuyo objetivo es actuar sobre las pensiones iniciales, rebajándolas, en función del aumento de la esperanza de vida, ahora mismo ese mecanismo está suspendido en su aplicación hasta 2023-. El planteamiento del Ejecutivo es la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo que, en vez de trasladar la factura hacia el futuro, se centre en las generaciones que van a ir jubilándose en los próximos años, las del baby boom, que son las que, al tener menos hijos, han desequilibrado las perspectivas del sistema para las dos próximas décadas, aunque no quiere que el ajuste tenga un impacto a la baja de las pensiones.

Un planteamiento que no gusta especialmente en Comisiones Obreras. “Lo que tiene que hacer el Gobierno, si quiere tener un acuerdo en materia de Seguridad Social próximamente es derogar el factor de sostenibilidad vigente, que es su compromiso y es lo que le estamos demandando en la mesa de negociación. No puede plantear una derogación diferida en el tiempo y condicionada a que se apruebe este mecanismo del que no se ha hablado en la mesa de negociación ni una sola palabra” señala Bravo.

Ley de “riders”

Además, este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley de “riders”, con el objetivo de eliminar la figura del falso autónomo en las plataformas. Esta nueva norma recoge, por un lado, la condición de asalariado de los repartidores y, por otro, que las plataformas tendrán que informar a los representantes de los trabajadores de los parámetros y reglas de sus algoritmos que afecten a las condiciones de trabajo y al mantenimiento del empleo. Una norma que ha sido criticada desde distintos puntos de vista por parte de las asociaciones de repartidores. Jordi Mateo, Portavoz de Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), señala que esta ley “va totalmente en contra de la voluntad de la gran mayoría de repartidores” y pide que el Congreso no convalide esta ley. Felipe Corredor, Portavoz De Riders X Derechos, apunta que es una legislación insuficiente porque considera que habrá pérdida de trabajos porque “esta ley no obliga a las empresas a contratar a las personas activas y ha habido un alargamiento de su aplicación hasta agosto, cuando la capacidad de respuesta va a ser menor”, además defiende que “esta ley no cierra las puertas a la subcontratación”.

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