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La desprotección de los más débiles

Inmigrantes, personas sin hogar y niños con problemas reclaman una mayor atención por parte de las instituciones públicas

Los trabajadores sociales reclaman visibilidad

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Madrid

El pasado miércoles tuvimos noticia de una nueva tragedia relacionada con la inmigración. Una patera, con 49 personas a bordo, naufragaba en la costa de Órzola, en la isla de Lanzarote. Al menos cuatro de los ocupantes de la embarcación murieron. Órzola es un pueblecito famoso porque desde su puerto parten los ferrys que llevan a La Graciosa. Su costa es muy agreste, está llena de rocas y de islotes. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, siempre que oímos hablar de Órzola es porque la tragedia se ha cebado con ella.

Probablemente algunos, o muchos, de los migrantes que viajaban en esa patera huían de sus países de origen por razones políticas, ideológicas o religiosas. El domingo, día 20, se celebra el Día Mundial del Refugiado. Con ese motivo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha presentado su informe 2021. Entre otras conclusiones podemos destacar que España aprobó el año pasado sólo una de cada 20 de las peticiones de asilo que se realizaron. Se concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a casi 41 mil personas, casi todas ellas venezolanas. En relación con la crisis humanitaria que se ha producido en los últimos meses en Canarias, CEAR exige una política migratoria que incluya un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español.

Cenas para personas sin hogar

Plaza Solidaria es una asociación formada por vecinos de Lavapiés, en Madrid, que lleva desde 2012 preparando y repartiendo cenas calientes entre personas que viven en la calle o que se encuentran en exclusión social. Los voluntarios cocinan en sus casas y las cenas se reparten en un local de la calle Olmo.

Ahora una orden de la Inspección de Salud de la Junta Municipal de Centro ha prohibido a la asociación continuar con esta labor. Sólo les permiten repartir bocadillos, cosa que en Plaza Solidaria consideran insuficiente ya que muchas de las personas afectadas es la única comida caliente que toman a lo largo del día.

Mar Amado, voluntaria de Plaza Solidaria cree que detrás de esa prohibición hay intereses ocultos: los vecinos de la zona protestan porque no les gusta la gente que acude a recibir esas cenas. Plaza Solidaria convoca a una concentración el lunes 21 para luchar por la permanencia del comedor de Olmo 20.

Trabajadores sociales desamparados

El pasado jueves, Segundo, un ciudadano barcelonés de origen ecuatoriano, se suicidaba ante la amenaza de ser desahuciado del piso en el que vivía. Segundo adjuntó en dos ocasiones un informe de vulnerabilidad de servicios sociales en la solicitud para acogerse a la moratoria de desalojos. Esa es una de las funciones de los servicios sociales, pero, parece evidente, en esta ocasión nadie les hizo caso. Los trabajadores sociales intentan hacer esa labor de mediación entre las administraciones y las personas que necesitan los recursos que están destinados a ayudarles a pasar una situación difícil, o para no quedar atrás ni ser excluidos de la sociedad.

Los trabajadores sociales del ayuntamiento de Barcelona convocaron una huelga la semana pasada para protestar por su situación, ya precaria antes de la pandemia, y ahora insostenible. La gota que colmó el vaso fue la ocupación hace unos días de la sede del “Raval Social”, su oficina en este barrio de la ciudad por parte de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El motivo: el Ayuntamiento obliga a que asista una representación de los trabajadores sociales a los desahucios. Una medida, en parte, para controlar que esas personas desahuciadas tengan atención adecuada, pero que les perjudica. Ellos creen que el ir con la comitiva judicial les señala y les pone en un bando en el que no deberían estar.

Por una ley estatal de mínimos para la atención temprana

El pasado miércoles, Íker, un niño de nueve años con parálisis cerebral, entregaba en el Congreso 100 mil firmas para que, de una vez por todas, se elabore una ley de minímos a nivel nacional en relación con la atención temprana.

Hace 20 años se publicó un Libro blanco en el que se define la atención temprana como “el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de entre 0 y 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”

Óscar Hernández, portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia cree que, 20 años después, la situación de la Atención Temprana en España no ha evolucionado, incluso se han dado pasos atrás. Sigue habiendo criterios completamente dispares a la hora de abordar esta cuestión dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. 

 
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