Los deberes de Europa

Madrid

 El Gobierno y la Comisión Europea han firmado este miércoles el "acuerdo operacional" por el cual España podrá acceder al primer desembolso semestral de fondos europeos. Se trata de un paquete de medidas por el cual el Ejecutivo se compromete a poner en marcha una serie de reformas, entre las que destacan la del sistema de pensiones y la reforma del mercado de trabajo, que permitirá que lleguen a España 10.000 millones de euros, que se sumarán al desembolso al que ya accedió España el pasado verano, por una cuantía de 9.036 millones y en concepto de prefinanciación.

Un acuerdo cuya mayor novedad se recoge en el apartado de pensiones, donde el Gobierno se compromete a llevar a cabo un “ajuste en las bases máximas de cotización”, así como a entregar un informe sobre la evolución del gasto en pensiones y cómo las reformas para vincular su subida al IPC afectan a la sostenibilidad y “la entrada en vigor de la ley que ajusta el período de cálculo extendiendo el período de cómputo para calcular la pensión de jubilación”.

Según apunta Marcel Jansen, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea, esto va a suponer que se calculen las pensiones incluyendo los primeros años de la vida. “En general, diría que se traduce en una pensión menor para los futuros pensionistas, pero también es una medida justa en el sentido de que las pensiones realmente van a reflejar toda la vida laboral e, incluso, a alguien que queda en el desempleo en los últimos años de su vida laboral, esta medida le puede beneficiar y, por tanto, habrá un poco de todo, pero en general es una medida que va a rebajar el coste de las pensiones en general” apunta Jansen.

En materia de mercado de Trabajo, España se compromete con Europa a simplificar el número de contratos, a modernizar la negociación colectiva –incluyendo un informe que explicite los problemas de la legislación actual y los mecanismos por los cuales se van a solventar- y la subcontratación y el establecimiento de un mecanismo de ERTE que deberá ser respaldado por un informe previo sobre su viabilidad. Punto, este último, que ha supuesto el último choque en la mesa de diálogo social entre el Ejecutivo y los agentes sociales, tras la propuesta planteada por el ministerio de Seguridad Social, que recoge tres tipos de ERTE: el llamado de ‘fuerza mayor’ (ETOP) que sigue como hasta ahora, para situaciones como la de la pandemia y que financiarán de forma conjunta sindicatos y patronal, mediante la creación de un fondo conjunto que cubrirá todos los costes; los ERTES de reestructuración, pensados para los trabajadores de áreas que requieran “su transición profesional desde sus empresas (de origen) hasta empleos en otras empresas o sectores”, dice el documento, y un tercer tipo de ERTE, sectorial, específico para sectores que deben reconvertirse enteros.

“Estoy sorprendido de encontrarnos con una propuesta de esta envergadura a tan poco tiempo del cierre del plazo para mandar los planes a Bruselas. ¿Qué sentido tiene llamar ERTE a una situación en la que de lo que se trata es de reubicar trabajadores en otros sectores? Lo único que entiendo sería un avance es si los servicios públicos de empleo, en estas condiciones, se anticipan a los hechos. Es decir, si un sector entra en crisis, podemos comprar algo de tiempo para ir configurando planes de formación y reubicación de estos trabajadores, lo veo bien, pero no necesitamos construir un mecanismo que, a mi entender, no tiene símil en Europa, que puede conllevar un enorme coste y, como digo, esto supongo que los interlocutores sociales se quejan, porque al final el que decide es el Gobierno, pero me preocupa la improvisación, que a estas altura, de la nada, tenemos un mecanismo totalmente nuevo, que no hemos experimentado en ningún país y que se desvía de las reformas que están contemplando reformas como Alemania, que tienen una dilatadísima experiencia con los ERTE” defiende Jansen en Hora 25 de los Negocios.