Australia "paga para hacer daño" en Nauru

El paso del tenista serbio Novak Djokovic por un centro de detención de migrantes de Melbourne mientras las autoridades australianas decidían sobre la validez de si visado para entrar al país ha vuelto a poner de manifiesto la dureza de las políticas de inmigración de Australia. Pero no todos reciben el mismo trato.

El Gobierno de Australia ha enviado a su centro de detención de Nauru, en una isla perdida en medio del pacífico, a 3.000 refugiados y solicitantes de asilo desde el año 2003. Al subir al barco que los trasladará a la isla, se les entrega un número que pasará a ser su nueva identidad. “Escapan de la tortura y la guerra y lo que enfrentan es más tortura”, lamentan las organizaciones humanitarias.

Nauru es una isla pequeña de unos 20 kilómetros cuadrados con elevadas temperaturas, y el alojamiento que reciben los refugiados allí ha ido evolucionando desde las carpas de emergencia a las malas construcciones no adaptadas para las familias, según recuerda de su visita al campo Michael Bochenek, abogado especializado en derechos de los menores de Human Right Watch.

Cuando el abogado estuvo allí había unas 2.000 personas encerradas. “Lo más difícil fue oír de casos de personas que se han quitado la vida o querían quitarse la vida”, recuerda.

El mantenimiento del centro se lleva a cabo mediante una empresa privada, que es responsable de los abusos diarios que se cometen, sobre todo en las duchas, donde las mujeres son un objetivo fácil para los guardias. Pamela Curr, investigadora para una organización prorefugiados australiana, ha constatado las constantes violaciones a las mujeres en Nauru. Los guardias que esperan tras la cortina de la dicha “cortan el agua y cuando ellas piden más tiempo para aclararse les dicen: vale, pero enséñame tu cuerpo”, relata.

El Gobierno Australiano paga cada año mil millones de dólares a las autoridades de Nauru para que se hagan cargo de sus refugiados. Antes pagaban unos 300.000 euros al año por refugiado, pero ahora son casi tres millones de euros por persona, según Bochenek. “El impacto humano es grave y el impacto financiero es increíble. Es increíble pagar tanto para hacer tanto daño”.

La policía también es cómplice de los abusos. “Hace lo que quiere Australia”, dice el abogado. Son incapaces de investigar y no tienen voluntad de investigar abusos como el acoso sexual, en particular contra las mujeres y niñas, que no están seguras ni en su propio alojamiento.

En los últimos años se han producido algunos cambios, las niñas y niños han sido trasladados a Australia, pero Bochenek denuncia que todavía haya unos 100 hombres en Nauru en esas condiciones.