El Gobierno convertirá en delito los referéndum como el que plantea el Plan Ibarretxe

El Consejo de Ministros impulsará una reforma del Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades que convoquen un referéndum sin la autorización del Gobierno. Otra respuesta al "Plan Ibarretxe" que además crea el delito de financiación con fondos públicos de grupos parlamentarios ilegalizados, pensado para las ayudas que en Vitoria recibe Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna.

Pese a que para realizar estas reformas es necesario modificar el Código Penal, el Gobierno no realizará una tramitación parlamentaria ordinaria de este asunto, según ha informado José María Michavila. Tras el consejo de ministros el ministro de Justicia ha explicado que el PP incluirá en el Senado los cambios necesarios en el Código Penal a una Ley Orgánica que modifica la Demarcación y Planta Judicial, y que acompaña a la Ley de Arbitraje.

El Gobierno cree que la reforma puede entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE -probablemente a finales de diciembre- aunque indicó que la decisión corresponderá al Parlamento.

PENAS DE CÁRCEL EN CASO DE REFERÉNDUM

El elemento más llamativo de las intenciones del Gobierno es el nuevo delito de convocatoria de referendum ilegales se incluirá un artículo 506.bis en el Código Penal, dedicado a los "delitos contra la Constitución", y en su capítulo III, que castiga los "delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes".

Las autoridades convocantes de las consultas ilegales serán castigadas con entre tres y cinco años de cárcel, pero también se sanciona, con entre uno y tres años de prisión, a las autoridades o funcionarios públicos que, sin convocar, faciliten, promuevan o aseguren esos procesos, pese a haber sido declarada su ilegalidad.

Además, en el capítulo IV del mismo título, dedicado a los "delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas", se establece un nuevo artículo 521 bis, que castiga con prisión de seis meses a un año a los ciudadanos que participen como interventores, o faciliten promuevan o aseguren la realización de estas consultas ilegales, una vez que se haya acordado su ilegalidad.

En cuanto a la financiación de grupos ilegalizados, la reforma se incluye en el capítulo de "delitos de terrorismo", como artículo 576.bis. Michavila indicó que actualmente esa conducta no es delito, aunque pueda serlo la desobediencia a las órdenes del Tribunal Supremo al respecto, como ha entendido la Fiscalía al querellarse contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa.

Otra iniciativa aprobada hoy por el Gobierno consiste en la apertura en la Audiencia Nacional de una Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, así como en el refuerzo con un magistrado de las cuatro secciones penales de la Audiencia y la ampliación en un 25 por ciento de la plantilla de fiscales de dicha sede judicial.

UNA DECISIÓN DEL GOBIERNO AL MARGEN DEL PSOE

El Ejecutivo asegura haber informado sobre estas medidas al PSOE sin haber alcanzado un acuerdo. Desde el principal partido de la oposición Jesús Caldera ha asegurado que no se les había informado previamente de esta decisión, mientras que Zapatero -tras una reunión con víctimas del terrorismo- no ha querido hacer referencia a este tema. El líder del PSOE considera que hay que reposar esta nueva medida y ha reiterado su apuesta por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

Por su parte, el lehendakari Juan José Ibarretxe asegura haber conocido hoy en su escaño de la Cámara vasca la propuesta, que no parece preocuparle. "Si este Parlamento, producto del debate, cree oportuno plantear un nuevo estatuto, se consultará a la sociedad vasca". El presidente del Ejecutivo vasco sostiene que el PP y el Gobierno central consideran que "los vascos no tienen derecho a decidir su futuro, ni siquiera a ser preguntados sobre su futuro".