Ordenan el regreso de una inmigrante que fue expulsada sin comunicárselo a su abogado
La mujer podrá concurrir a la regularización abierta por el Gobierno
Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián ha ordenado en un auto que una inmigrante boliviana, que fue expulsada de España sin comunicárselo a su abogado, sea devuelta al mismo punto del territorio nacional en el que fue detenida.
El auto, que es el primero en España de estas características, estima un recurso presentado por la defensa de la inmigrante contra una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa que acordaba su expulsión del territorio nacional, algo que no fue notificado previamente a su representación legal.
Más información
- El proceso de regularización de inmigrantes ya registra más de 200.000 peticiones
- Trabajo hará medio millón de inspecciones para evitar contratos ilegales a 'sin papeles'
- La Seguridad Social recibió 1.500 solicitudes de legalización de 'sin papeles' en el primer día
- Comenzó el proceso de regularización de inmigrantes
El juzgado donostiarra ordena, como medida cautelar, el retorno inmediato de la mujer a España a costa de la Administración para que la expulsada no se vea perjudicada en su pretensión de conseguir la residencia legal en nuestro país, ya que dispone de una oferta de trabajo y cumple todos los requisitos del proceso especial para concurrir a la regularización de inmigrantes que concluye el próximo 7 de mayo.
Vino a una boda y encontró trabajo
La mujer llegó a España el 2 de abril de 2004 para asistir a la boda de su hermana con un ciudadano español residente en Irán (Guipúzcoa). Durante su estancia en España, la inmigrante encontró trabajo como empleada del hogar y cuidadora de una mujer, cuya familia ha manifestado su voluntad de contratarla. Sin embargo, la ciudadana fue detenida el 16 de noviembre de 2004 y ese mismo día se le informó de que iba a ser expulsada.
El auto estima que si su representante legal hubiera tenido conocimiento en ese momento de lo ocurrido "habría solicitado una urgente intervención" del juzgado para suspender la ejecución de la expulsión, algo que, en su opinión "se habría otorgado inexcusablemente" en este caso, ante el posible perjuicio "irreparable" que se podría infligir a la mujer.
