Sábado, 25 de Junio de 2022

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El Gobierno estudia una alternativa al certificado de empadronamiento para poder regularizar

El Gobierno podría presentar la próxima semana un documento alternativo al certificado de empadronamiento, a fin de que aquellos inmigrantes que se encontraban en España antes del 8 de agosto de 2004, pero que no estaban empadronados puedan demostrar su estancia en España para solicitar su regularización a través del proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros.

Así lo adelantó hoy en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que explicó que la Mesa de Diálogo está estudiando "múltiples" peticiones en este sentido. Se refería a las sugerencias reiteradas desde el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica y el Consejo General de la Abogacía, entre otros, que consideran que existen otros documentos (como transacciones bancarias o tarjeta sanitaria) para demostrar la estancia en España.

"Lo estamos estudiando, es difícil, pero si hay una solución debería estar la próxima semana para que pueda dar tiempo a gestionar los expedientes", dijo el titular de Trabajo, que no quiso adelantar si esta decisión podría obligar a modificar el Reglamento de Extranjería o sus instrucciones de desarrollo. Lo que sí aseguró es que no son muchos, según sus datos, los extranjeros que se encuentran en esta situación (cumplen todos los requisitos menos el empadronamiento).

Además, afirmó que en los dos primeros meses del procedimiento se han presentado 313.000 solicitudes al procedimiento, de las que se han resuelto unos 65.000 expedientes. De ellos, "varios miles" ya están dados de alta en la Seguridad Social.

Caldera valoró "muy positivamente" la marcha del proceso, en el que, según dijo, también están aflorando mucho empleo sumergido de los 500.000 extranjeros que regularizó el PP durante su etapa de Gobierno, pero a los que no exigió un contrato de trabajo y, por tanto, seguían trabajando de forma irregular. También estimó que el resultado del proceso hará aflorar una gran mayoría de los 700.000 empleos de la economía sumergida detectados por la EPA.

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