Viernes, 01 de Julio de 2022

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El arraigo laboral permitirá nuevas regularizaciones de inmigrantes

Tendrán que denunciar al empresario para el que trabajen ilegalmente

La figura del arraigo laboral entró hoy en vigor con el objetivo de permitir nuevas regularizaciones de inmigrantes y con el propósito de "luchar contra la inmigración clandestina y la economía sumergida", según manifestó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. Para acogerse a este arraigo no hay plazo límite, y deben ser los propios inmigrantes quienes lo soliciten en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

"La entrada en vigor del arraigo laboral -señaló Rumí en una nota- se sitúa dentro de la normal aplicación del Reglamento (de Extranjería) y, tal como el Gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales lo diseñamos, velar por la garantía de los derechos de los trabajadores". La aplicación del arraigo laboral completa otros instrumentos que, como el arraigo social, tras un examen individualizado, pueden dar lugar a la regularización de inmigrantes que se encuentran en España en situaciones excepcionales debidamente acreditadas.

Por arraigo laboral podrán obtener autorización de residencia los extranjeros que acrediten "la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año".

Para ello, los inmigrantes que puedan verse afectados por esta vía de regularización, tendrán que denunciar ante la inspección de trabajo al empresario para el que trabajan. La entrada en vigor de esta vía supondrá que los inspectores podrán a partir de ahora levantar actas de infracción contra los empresarios denunciados por emplear a inmigrantes sin papeles, explicó la semana pasada, en San Lorenzo de El Escorial, el director general de la Inspección de Trabajo, Raimundo Aragón.

Trabajo y Asuntos Sociales estima que mediante esta vía de regularización, se podrían dar papeles a algunos de los cerca de 120.000 inmigrantes irregulares que se han quedado fuera del proceso de normalización. El acta de infracción al empresario denunciado se envía a la autoridad gubernativa, que es a quien compete conceder o no la autorización para que la inspección de trabajo proceda de oficio dando de alta en la seguridad social al inmigrante irregular, con efecto retroactivo, y para que levante acta de liquidación de las cuotas no pagadas.

Difícil de demostrar

Las asociaciones de inmigrantes como la ecuatoriana Rumiñahui y la marroquí ATIME valoraron este procedimiento, que apoyaron al respaldar el Reglamento, y confían en su aplicación con "flexibilidad" para que sea un instrumento eficaz. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafá El M'Rabet, señaló que se incluyó este aspecto en el reglamento como "una buena herramienta" para normalizar a miles de trabajadores.

No obstante, calificó de "complicado" el sistema, ya que en muchos casos será difícil demostrar la relación laboral, por lo que su aplicación deberá hacerse con "mucha flexibilidad" para que juegue el papel con el que se concibió. El portavoz de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, espera que esta medida pueda beneficiar a unos 50.000 ecuatorianos, y remitió al buen funcionamiento de la inspección de trabajo para que el arraigo laboral sea efectivo.

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