Expertos del Gobierno consideran inconstitucional la apelación a los derechos históricos del nuevo Estatut

En medio de la dura polémica que ayer se desató entre el PSOE y el PSC, a través de las acusaciones cruzadas que mantuvieron José Blanco y Joaquím Nadal, hoy el diario El País hace referencia a tres informes encargados por el ministerio de Administraciones Públicas a expertos juristas que llegan a la conclusión de que los 'derechos históricos' a los que quiere hacer mención el tripartito catalán en el nuevo Estatut son inconstitucionales. La Generalitat va a solicitar un "contrainforme". Tras el Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha subrayado que este debate debe circunscribirse en estos momentos a Cataluña.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso dejar claro hoy que el debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña tiene actualmente su "campo de juego" en el Parlamento autonómico y considera que se debe seguir trabajando "sin interferencias". Del mismo modo, recalcó que la próxima discusión de los Presupuestos Generales para 2006 no debe verse afectada por la política catalana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega volvió a manifestar que los límites puestos por el Gobierno a las reformas estatutarias, concretados en "las tres ces", son: ajustadas a la Constitución, diseñadas por Consenso, y en interés de la Ciudadanía.

Los informes de los expertos

Los informes encargados por el Gobierno hacen referencia a tres ámbitos de la reforma estatutaria: distribución territorial del poder, la ordenación competencia y los derechos históricos. Están firmados por los catedráticos de Derecho Constitucional, Luís Ortega, Francisco Balaguer, José Antonio Montilla, y la catedrática de Derecho Administrativo, Cristina Elías, y tienen un acento marcadamente crítico.

Uno de estos informes dice que "la ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen".

El gobierno consultó a juristas expertos sobre la ordenación competencial de la reforma del Estatuto catalán. En otro de los informes se hace referencia a los 'derechos históricos': "El Tribunal Constitucional ha rechazado de forma clara y reiterada la interpretación de la apertura del ordenamiento constitucional a través de los derechos históricos".

Entre las dudas de los expertos enumeran "la ampliación de competencias sin base constitucional, la reordenación de categorías competenciales con criterios contrarios a la Constitución y la desconexión entre los ámbitos competenciales y las perspectivas financieras".

La Generalitat solicita un "contrainforme"

Tras conocer esta información, el conseller de Relaciones Institucionales de la Generalit, Joan Saura, ha rechazado estos informes jurídicos y ha exigido al Ejecutivo "lealtad institucional".

Saura anunció que hoy mismo ha encargado a Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos (organismo que elaboró los primeros borradores), "un contrainforme al informe de estos expertos" para probar la constitucionalidad del proyecto.