Martes, 21 de Septiembre de 2021

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El juez decreta prisión incondicional para la teniente de alcalde de Marbella

Contrata para su defensa a Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación

El titular del juzgado número 5 de Marbella ha decretado esta madrugada prisión incondicional para la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos. El juez le imputa los delitos de cohecho, alteración de precios de subastas y concursos públicos, fraude y exacciones ilegales. Con García Marcos ya son cinco los encarcelados por presunta corrupción en Marbella desde que se pusiera en marcha la 'operación Malaya'. Tres de ellos miembros del consistorio marbellí.

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El abogado y juez excedente Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera judicial y repuesto por un indulto del Gobierno del PP, se ha hecho cargo de la defensa de García Marcos, que ha pasado su primera noche en prisión acusada de cohecho, alteración de precios de subastas y concursos públicos, fraude y exacciones ilegales, es decir, la exigencia de impuestos, deudas o multas. El abogado ha anunciado su intención de recurrir el auto judicial.

Desde el pasado viernes, el juez Miguel Ángel Torres ha dictado auto de prisión incondicional para Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la red de corrupción; el concejal de Tráfico del Ayuntamiento marbellí, Victoriano Rodríguez; la alcaldesa de la ciudad, Marisol Yagüe y el empresaio Ismael Pérez.

Al igual que a la alcaldesa Marisol Yagüe, en la cárcel desde la madrugada del sábado, el juez imputa al concejal Victoriano Rodríguez los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En libertad el concejal de Cultura

Este domingo, el concejal de Cultura y Educación de Marbella (Málaga), José Jaén, ha quedado en libertad

tras abonar sus abogados la fianza de 30.000 euros dictada por el juez, que también decretó prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el empresario Julio de Marco, al que se le imputa un presunto delito de cohecho y libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias para el empresario Juan Miguel Saavedra.

Además, el secretario del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, quedó en libertad sin cargos pero con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y está imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El empresario José Luis Alonso Boyer quedó también en libertad tras depositar una fianza de 20.000 euros.

Caso 'Copasur'

La alcaldesa marbellí ha prestado declaración en un primer momento por el caso Copasur, por presuntas irregularidades en la financiación de las reformas de las obras de su casa. En los juzgados y después de declarar, un médico forense la examinó para conocer su estado de salud, después de que su abogado, Pablo Luna, asegurara que su defendida fue sometida a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor y que tiene 57 puntos de sutura en la espalda.

En su declaración, Yagüe negó de forma contundente cualquier tipo de irregularidad en la financiación de las obras de su casa o el uso de material municipal para estas reformas, según informaron fuentes judiciales. Así, Yagüe, que compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, aseguró que no dio instrucción para que se sacaran materiales del almacén municipal, mientras que según fuentes judiciales, dos empleados de la empresa Copasur, encargada de las reformas, sí indicaron que fueron a recogerlos por instrucción de la regidora.

Incautados 860.000 euros en un bufete de Madrid

La Policía se ha incautado este viernes de 860.000 euros en metálico hallados en la caja fuerte de un despacho de abogados de Madrid, Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, registrado en relación con el asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.

Según fuentes policiales, de las investigaciones actuales se desprende que Roca utilizaba más de 120 sociedades instrumentales a través del citado despacho, para administrar el patrimonio investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía.

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