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Sábado, 14 de Diciembre de 2019

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La Comisión Europea aprueba recortar en un 70% el precio las llamadas a móviles en el extranjero

La comisaria de Sociedad de la Información, que llegó a contemplar la eliminación de las tarifas de roaming, ha tenido que suavizar algunas de sus propuestas iniciales frente a la presión de las empresas

La Comisión Europea ha aprobado hoy el reglamento que permitirá recortar significativamente los precios de las tarifas por el uso del móvil en el extranjero -roaming o itinerancia internacional-. El objetivo de la nueva normativa es recortar en un 70% el precio de este servicio, de manera que los usuarios que lo utilizan -unos 147 millones de ciudadanos- dejen de pagar un precio "injustificadamente alto".

Los operadores españoles podrían ser unos de los más perjudicados a causa de esta nueva norma, ya que son los que más se benefician del roaming por el gran número de turistas extranjeros que visita nuestro país y utiliza el móvil extranjero dentro de territorio español.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha defendido que la UE se limite a fijar un tope para las tarifas minoristas, pero que no intervenga en el caso de las tarifas mayoristas, es decir, las que se cobran unas compañías a otras por el uso de las redes.

La comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha tenido que suavizar algunas de sus propuestas iniciales frente a la presión de las empresas y de algunos de sus colegas, como el responsable de comercio, Peter Mandelson, o el de empresas, Gunter Verheugen. Así por ejemplo, se abandona el principio de que los clientes paguen el mismo precio que en el país de origen independientemente de donde se encuentren, o la prohibición de pagar por las llamadas recibidas. Asimismo, Reading ha decidido darles a las compañías un plazo de seis meses para que apliquen el máximo fijado por Bruselas en los precios que pagan los consumidores finales.

Nuevos máximos para las tarifas

El reglamento aprobado hoy por la Comisión Europea fija un tope para las tarifas mayoristas, las que paga un operador por usar la red de otra compañía en el extranjero, que no podrá superar, para las llamadas locales que se hagan en el extranjero, el doble de la tarifa media de terminación móvil en la UE -reguladas a nivel nacional y cuya media europea será publicada una vez al año por la Comisión. Para las llamadas internacionales realizadas desde fuera del país de origen, la tarifa máxima de roaming será el triple de esta media.

También existirá un tope para las tarifas minoristas, las que se cobran a los clientes, con el objetivo de garantizar que las bajadas de precios repercutan en los consumidores. El precio final sólo podrá ser un 30% más alto, como máximo, que el coste mayorista. No obstante, este tope entrará en vigor "automáticamente" 6 meses después que el resto del reglamento, es decir, en enero de 2008 en lugar de en verano de 2007, si se cumplen las previsiones de la Comisión.

En cuanto a las llamadas recibidas al viajar al extranjero, Reding ha terminado cediendo a las presiones y no prohibirá que se cobre por ellas, como había anunciado en un principio, aunque también establecerá un tope máximo para las mismas, que será del 130% de la tarifa europea media de terminación móvil, es decir, unos 16 o 17 céntimos por minuto. En la actualidad, el coste de las llamadas recibidas es cuatro veces superior a este máximo.

Posible aumento de precio de las llamadas nacionales

A pesar de las concesiones, la comisaria Reding ha conseguido aprobar una normativa que ha resultado polémica, especialmente en lo referente a las propias empresas de telefonía móvil. En un intento de última hora para frenar este reglamento, varios operadores como Vodafone o T-Mobile han anunciado reducciones en sus tarifas de itinerancia internacional. Además, la Asociación Internacional de Operadores de Telefonía Móvil ha advertido de que los planes de Bruselas provocarán un aumento del precio de las llamadas nacionales y una disminución de la inversión del sector.

La propuesta de la Comisión tiene que conseguir aún la luz verde de los Veinticinco y de la Eurocámara. En este contexto, España podría ser uno de los más firmes opositores a esta norma, según ha sugerido ya el ministro de Industria, José Montilla. El Parlamento podría pedir, por el contrario, que se endurezcan más las condiciones para los operadores.

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