Sociedad

Narbona dice que no se legaliza sino que se regula el uso de la piscina de Pedro J. Ramírez

Medio Ambiente regula el uso público y la seguridad de la piscina del periodista

Como ayer adelantara la Cadena SER, el Ministerio de Medio Ambiente ha dictado una resolución por la que se regula el uso público y las condiciones de seguridad de la piscina de la casa del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en Mallorca. La ministra Cristina Narbona asegura hoy que esto "en ningún caso" supone "una legalización".

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Narbona explicó a preguntas de los periodistas que "no hay ninguna legalización porque esa concesión que tiene el titular de esa piscina es una concesión otorgada por el ministro Matas". En esa concesión, precisó Narbona, "dice que es una piscina que debe tener uso publico y precisamente lo que ha hecho el Ministerio es regular el uso público, algo que no se hizo en años anteriores".

El uso público de la piscina, dijo, "tiene que estar sometido a determinados criterios de seguridad y también lo que es el uso de la piscina durante el tiempo que el director de El Mundo la aproveche por razones que nos han sido solicitadas desde el Ministerio del Interior y que son inherentes a esa persona que es titular". Lo que hace el Ministerio, añadió, "es cumplir la ley con sujeción a criterios de seguridad pública y dentro de un programa que afecta a todo el litoral".

La titular de Medio Ambiente indicó que ese programa se desarrollará tambièn en resto de la Costa de los Pinos, donde está la casa de Ramírez, y en otros lugares "donde existen piscinas o embarcaderos donde ni siquiera hay una concesión legal como en este caso".

Escolares por un sendero en casa de Pedro J.

Según el texto de la resolución, se establece que el uso público de la piscina, que se reformará para ser de agua salada, estará dirigido a los "escolares de la zona" que podrán ir en un máximo de 10, acompañados de monitor, durante dos horas al día los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.

"Durante las vacaciones escolares, la piscina permanecerá cerrada al uso público" y su utilización "estará restringida a personas autorizadas por el gestor de la concesión".

El acceso se hará "por un sendero que llega hasta la terraza de la piscina y a travès del propio domicilio del gestor", que deberá asumir el coste correspondiente "al mantenimiento de un empleado que abrirá la finca a los usuarios y les acompañará hasta la piscina" además de tener que transformar un trastero en aseo.

 
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