Una juez abre diligencias por la huelga salvaje de El Prat

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha abierto diligencias previas contra los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona por presuntos delitos contra la seguridad aérea y detención ilegal por los incidentes ocurridos el pasado viernes en tres pistas de vuelo.

A raíz de los atestados de la Guardia Civil y de varias denuncias de pasajeros, al ser retenidos contra su voluntad dentro de los aviones, la juez ha abierto una investigación y podría solicitar varios informes para ampliar la documentación que ahora tiene.

Por su parte, la Guardia Civil podría estar investigando también posibles daños causados por algunos trabajadores en el ala de un avión a la que se subieron.

Fomento analiza quién vulneró la Ley de Seguridad

El Ministerio de Fomento se está centrado en analizar cómo y quién ha vulnerado la Ley de Seguridad Aérea. De ese análisis, que podría estar listo en dos semanas, se pueden derivar sanciones millonarias, dicen desde el departamento de Magdalena Álvarez, pero no por eso cierran la puerta a posibles medidas judiciales.

Hoy es uno de los días con más intensidad de tráfico del año en los aeropuertos españoles, y el de El Prat no es una excepción. Esta instalación tiene programadas 978 operaciones, en los que volarán 150.000 personas. Hoy se han cancelado 22 vuelos.

Zapatero: "Incomprensible actitud de los trabajadores"

El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado, tras su encuentro con el monarca en el Palacio de Marivent (Mallorca), que la actitud de los empleados que se pusieron en huelga fue "incomprensible e inaceptable".

En idéntico sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha condenado el método empleado y el "uso desproporcionado" del derecho a la huelga. Asimismo, ha criticado la pasividad de la compañía a la hora de resolver el conflicto.

De la Vega ha confirmado lo anunciado horas antes por el Ministerio de Fomento. Se analizará cómo y quién vulneró la 'Ley de Seguridad Aérea' para derivar las posibles sanciones.